Siempre se dijo que el límite de la ética pública y política es hacer campaña o aprovecharse de la necesidad de la gente para obtener un beneficio personal.
En épocas electorales y en medio de la crisis institucional, social y económica más profunda que recuerde el país, deberían ser los funcionarios (de bien) los que entendieran que los límites y restricciones que impone la Ley no sólo hay que respetarlos, sino que hay que honrarlos y propulsarlos. Este no sería el caso de los candidatos a la gobernación que impulsa el kirchnerismo en Santa Cruz.
Todo lo contrario. De una manera impune, arbitraria y obscena, hacen campaña desde sus sillones de intendentes o funcionarios, algo que destroza los principios democráticos. Pero evidentemente pocos les importa.
Cabe señalar que desde la semana pasada rige la “prohibición” para que el Gobierno haga campaña con la inauguración de obra pública, o anuncios de tipo oficial hasta la realización de las PASO.
Esta veda electoral está en vigencia desde el miércoles 19 de julio, y puntualmente establece la prohibición de realizar actos y anuncios públicos de gestión que puedan promover la captación del voto.
La veda no solamente comprende a los candidatos presidenciales que ostentan un cargo público, sino que alcanza a todos los Ejecutivos provinciales y municipales.
En esto la ley es clara: los candidatos no podrán hacer uso de los cortes de cinta o los grandes anuncios de proyectos de gestión.
El Código Electoral Nacional dispone que “durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”. En su articulado la Ley 19.945, precisa que la prohibición debe comenzar a regir 25 días antes de las PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto. Lo mismo ocurrirá semanas antes de los comicios generales del 22 de octubre.
Para que queda claro: por estos días está prohibido “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”. Además, el Código establece en el artículo 133 bis penas de inhabilitación para quienes transgredan esta disposición”.
Más aún, la ley establece castigos: “Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos”.
Pero esto no parece importar a Javier Belloni (Intendente de El Calafate),Pablo Grasso ( intendente de Río Gallegos) o Fernando Cotillo ( intendente de Caleta Olivia) entre otros funcionarios- candidatos que se pasean por la provincia con fondos de los contribuyentes municipales que son quienes en definitiva “pagan la campaña”, mientras que usando la prensa oficial y los comunicados de gobierno anuncian desde aumentos salariales, obras y planes de gobierno; es decir todo lo que está prohibido hacer.
Uso y abuso
La respuesta a esta actitud impúdica tal vez sea la confianza que les genera la impunidad de años en el “poder” y la creencia que los santacruceños ya están acostumbrados a todas a sus arbitrariedades. Pero podría ser algo peor aún: pensar que la necesidad es tan grande que se puede comprar los votos con anuncios a los empleados públicos o inaugurando obras que los vecinos reclaman desde años y que “sorpresivamente”, siempre llegan durante las campañas.
En esto la Ley es clara; los candidatos-funcionarios podrán continuar con recorridas en barrios, visitas a las localidades y la propaganda oficial en medios de comunicación audiovisual podrá seguir. Hasta ahí se soporta que haya discursos de campaña en donde se promete hacer lo que no hicieron, o volver asegurar que son “distintos” al gobierno actual pese a que lo integran hace décadas.
Pero lo que no se puede tolerar es que “usen” a la gente y la “manipulen” a días de las elecciones anunciándoles aumentos salariales y bonos extraordinarios, como hizo Grasso con los trabajadores de la Comuna. Tampoco lo que hizo Cotillo en plena veda, inaugurando (cortando cintas en realidad) de una planta elevadora; en tanto que anunciar eventos masivos gratuitos pagados por la comuna como hizo el intendente Belloni la semana pasada esta “al límite” de la normativa. Sigue siendo “campaña” desde el rol de intendente.
Ocurre que ésta manera de “manejarse” de los tres intendentes -ahora candidatos- tiene relación con la forma de hacer política de sus “Jefes” (la familia Kirchner) y ahora que les toca estar en la primera línea de la política, se mimetizan con esa impunidad de creer que el “Estado son ellos”.
El uso y abuso de los recursos de todos los vecinos es una constante; pero transgredir el límite de la ley sin el menor pudor, puede ser un indicio de por dónde irá su gestión si llegan a la gobernación.
Fuera de la Ley
La democracia no solo se defiende con el voto cuando los ciudadanos estamos convocados a las urnas; se defiende en el día a día de la convivencia que establece la Ley que debe ser respetada por todos.
Si bien el caso de la violación a la Ley Electoral parece un tema coyuntural en medio de la campaña, es necesario y prioritario que la Justicia, como “Poder del Estado” intervenga.
Claramente, no son personajes de la política provincial a quienes se les pueda pedir (o reclamar) ética; por eso sería irrisorio pensar que estos funcionarios tuvieran la delicadeza de renunciar a sus funciones o pedir licencia mientras “hacen campaña”; pero esto es un imposible basado en sus actitudes “a morales”.
Queda entonces esperar que quienes deban actuar actúen y que por una vez sea la Justicia de Santa Cruz, o el fuero Federal Electoral la que ponga freno a la impunidad.