ANTICIPO EDICIÓN IMPRESA (Primera parte)

Un entramado de familiares en los puestos más relevantes del sistema judicial, cargos ocupados por “empleados” directos de la familia Kirchner; nombramientos cuestionables; todo eso fue una constante en el sistema judicial de Santa Cruz durante más de tres décadas.

Esa estructura “contaminada” de política partidaria y de intereses personales, hizo de la Justicia provincial un instrumento poco útil -por decirlo sutilmente – para los ciudadanos, y una herramienta eficaz manejada directamente por “Poder” del gobierno provincial.

A meses del inicio de una nueva gestión de distinto signo político y con expectativas de revertir las asimetrías y descalabros de 30 años de hegemonía K; es necesario hacer foco en éste Poder del Estado que debería garantizar las condiciones indispensables para que los ilícitos perpetrados en distintos ámbitos de la administración publica puedan ser tratados de manera conveniente y de este modo los santacruceños obtengamos, al menos, la “reparación” del daño causado.

No se trata solamente de las grades causas como la denominada “Ruta del dinero K”, o de la “Causa Vialidad”; que el sistema judicial provincial se negó a abordar, pese a que los delitos que se investigaban habían tenido lugar aquí.

Hay innumerable casos de denuncias sobre funcionarios y demasiadas sospechas sobre negocios ilícitos que se perpetraron desde el gobierno y sus socios, que alguien tiene que investigar. Y es precisamente, el sistema judicial pre existente a la nueva gestión quien tendrá que dar una respuesta a esto.

Más aún, no se trata solamente de cuestiones inherentes a la gestión del Ejecutivo provincial; en cada localidad se han sufrido arbitrariedades y acciones ilícitas cuyas denuncias nunca han avanzado y que han perjudicado a ciudadanos comunes que en los últimos años se resignaron a que “nada podrían hacer” para conseguir justicia.

Es que el Poder Judicial provincial no es imparcial; todo lo contrario, actúa como un apéndice de la política.

Sin independencia

La “independencia de los Poderes” es una de las garantías que debe tener un Estado de Derecho; pero es algo que en Santa Cruz hace años no existe. En todos estos años el gobierno kirchnerista se ocupó de “colonizar” el Poder Legislativo y “politizar” el sistema judicial. Una verdadera “apropiación”.

En el caso de la Cámara de Diputados, el “seguidísmo” al gobierno que hicieron la mayoría de legisladores impidió expresiones opositoras, incluso “callando” voces que simplemente querían expresar disidencias o aportar ideas distintas.

Pero en el caso del Poder Judicial, lo que ocurrió en Santa Cruz hace que el panorama sea aún más delicado. La “politización” no sólo se consumó en cuestiones de afinidad ideológica, sino más bien en asuntos delicados en donde se construyó un sistema de protección y de castigos.

Desde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (TSJ) hasta los juzgados de Primera Instancia, pasando por defensorías y fiscalías, el entramado para generar un sistema “convenientemente” cercano al gobierno fue evidente.

Uno de los casos mas resonantes y vergonzosos fue el de la “colocación” de Fernando Basanta en el TSJ, pese a las evidentes arbitrariedades e irregularidades que presentaba el nombramiento; y que incluso fue denunciado por no reunir los requisitos exigidos por el art. 127 inc. 3 de la Constitución Provincial. Es mas: ni siquiera tenía matricula de abogado en Santa Cruz.

Dice el dicho que “el pez se comienza a pudrir por la cabeza”; tal vez este sea el caso de nuestro sistema judicial.

Lazos familiares

En Santa Cruz somos pocos y nos conocemos mucho. Claramente, quién no tiene un familiar o “amigo”, o “conocido” en alguna dependencia de la administración publica.

Pero en el caso del Poder Judicial se llega a extremos escandalosos. Lo más sugestivo, es que no son “carguitos” son siempre lugares preponderantes donde se toman decisiones delicadas y serias; que comprometen incluso la gobernabilidad; esa “independencia” de poderes ya mencionada.

A lo “burdo” del caso de Fernando Basanta, podríamos sumar superficialmente otros casos llamativos: en el TSJ, la vocal Paula Ludueña es esposa del Secretario Privado de la gobernadora.

Por otra parte, Lisandro de La Torre, el ex ministro de Seguridad de Alicia, fue puesto como Jefe de los Fiscales, a fines de 2022, en el cargo que se encontraba vacante desde 2019, cuando renunció Ricardo Napolitani. De La Torre, con escasísima experiencia en la materia, siempre fue funcionario del Ejecutivo y convenientemente tiene a su cargo impulsar todas las denuncias que se realizan sobre el Estado provincial.

A su vez, la defensora General de Santa Cruz, designada durante la gestión de Alicia, es Romina Saúl, la cuñada del Presidente de YPF; Pablo González.

En la lista también podríamos agregar a Sabrina Granero, encargada de la oficina de la mujer ante el TSJ, quien es esposa de Mauricio Gómez Bull (Presidente de Vialidad Provincial) y a su vez, hermana de Ariana Granero, que Secretaria Civil en El Calafate. En esa misma localidad está Natalia Mercado -hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina – en donde es Fiscal. En su función, uno de los casos que debería haber investigado, pero se excusó, fue el brutal crimen del secretario privado de la vicepresidente.

Otro caso conocido es el de Marcelo Bersanelli, el juez de primera instancia que recientemente resolvió que el paro docente que llevó adelante el gremio ADOSAC durante más de 60 días en el primer semestre del año fue “ilegítimo y abusivo”. El magistrado había sido altamente cuestionado antes de su designación por sus vínculos cercaos a la familia Kirchner.

En Piedrabuena, el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería es cuñado del actual intendente (hermano de la esposa de Federico Boldovic). En cuanto a los “parentesco”, podría mencionarse también el caso de Adriana Peralta, Defensora de Río Gallegos, quien es cuñada del ex gobernador y actual interventor de YCRT; Daniel Peralta.

La lista sigue: Candela García, hermana de Roció García – ex esposa de Máximo Kirchner, recientemente candidata por el oficialismo y funcionaria – es Secretaria de Ejecución de la Cámara Penal de Río Gallegos.

Y el dato más reciente es de este viernes 18 de agosto, cuando asumió sin ningún tipo de antecedentes para el cargo, la flamante Fiscal de Cámara ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera Instancia de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz con sede en Río Gallegos, María Verónica Zuvic; llegada desde Buenos Aires y sin escalas, directamente al Poder Judicial provincial.

La nómina de hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, hijos, parientes y allegados dentro de la Justicia es extensa.

En cada localidad se puede comprobar que, el grado de parentesco de funcionarios se reitera no pocas veces y es inusual. Es innumerable la cantidad de jueces y fiscales que nombran familiares y amigos; eso una constante y sólo se puede calificar como “nepotismo”.

En definitiva, sobre el sistema judicial de Santa Cruz, podría decirse que todo queda en familia, o en el “entorno” del “Poder”. Estos son datos, no opiniones.

Justicia para los santacruceños

El nudo gordiano, una leyenda del 333 A.C, apela a las dificultades de resolver un problema. La leyenda dice que un campesino de Anatolia había anudado de tal manera una yunta de bueyes que era imposible desatarla. La tradición aseguraba que aquél que deshiciera el nudo, conquistaría ese territorio.

Vale la metáfora, para considerar que el desafió es “conquistar” la ansiada “Independencia” de la Justicia. Y esto será seguramente el desafió de la nueva gestión provincial.

El gobernador electo Claudio Vidal, ya ha expresado su voluntad de dialogo con la gestión saliente y además pidió generar los instrumentos para una “transición” ordenada.

Pero lo cierto es que el gobierno de Alicia, más que “saliendo” esta en “desbandada” y sin ningún tipo de pudor, ha iniciado una serie de medidas que incluyen ingresos indiscriminados a la administración publica; entre otros secretores, en la Justicia.

La “última vuelta” de ese nudo casi imposible de desanudar la está dando ahora, ocupando cargos en ámbitos de la Justicia que “controla” y en donde pretende “seguir asegurándose” el control.

Ocurre que el nuevo gobierno ya había anticipado en campaña que no toleraría la impunidad y que buscaría la máxima transparencia de los actos de gobierno; ésto incluía un exhaustivo control del gobierno entregado. Pero: ¿a dónde recurrirá en caso de detectar ilícitos en la administración publica?. ¿Se puede confiar en el sistema judicial que hasta ahora actuó como protector del poder político?.

Dejando de lado que no es “ético” bajo ningún punto de vista que Alicia se “apure” a cubrir cargos, y debería dejar esa facultad a una nueve gestión -no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo renovado cuando tome funciones – habrá que ver como Vidal y su gobierno pueden avanzar para darle a los santacruceños algo que necesitamos con urgencia: Justicia independiente e imparcial; donde todos seamos iguales ante la Ley.