A raíz de un fallo adverso emitido desde la Justicia de Estados Unidos, Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de acciones de YPF, realizada de forma indebida.
La sentencia catastrófica de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, se conoció este viernes y optó por el escenario más desfavorable para el país. Para Argentina, el juicio ya estaba perdido y pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
Según Clarín, Argentina quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de USD 5.000 millones.

Sin embargo, el fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de USD 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a USD 16.000 millones, monto que finalmente decidió la jueza estadounidense.
Ahora, los 16.000 millones de dólares que Argentina deberá pagar es más que el valor del 100% de YPF hoy, tanto si se mide por el dólar oficial como por el blue. En el primer caso, la petrolera tiene una capitalización de USD 12.200 millones, mientras que en el segundo, a dólar libre, su valor sería de USD 5.298 millones.

Apelación

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anunció a través de su cuenta de X (ex Twitter) que el Gobierno apelará el fallo en la causa por la expropiación de YPF.
«El presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres», sentenció.
«El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska», concluyó.

El demandante

Burford Capital es un fondo de cobertura que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo. En este caso, la firma adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), que poseían acciones por el 25% de YPF.
Estas compañías compraron acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. Sin embargo, el pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.