Sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, se ha negado a dar información de los ingresos de personal en todas sus áreas, pese a la insistencia desde distintos sectores políticos y especialmente del gremio judicial que reclama un informe con la nómina de ingresos al poder judicial que se produjeron desde marzo de 2020 a la fecha, como así también en que categorías ingresó dicho personal.
No es un secreto que el gobierno de Alicia Kirchner lleva años “controlando” el que debería ser un Poder independiente; que se ha convertido en una herramienta de cobertura para los funcionarios K, además de ser una suerte de “aguantadero” de funcionarios.
En las vísperas de la asunción de un nuevo gobierno, el TSJ habría acelerado el proceso de designaciones y cobertura de cargos, pero esta es una mecánica que viene llevando a cabo de manera silenciosa logrando “colonizar políticamente” el Poder Judicial.
Entramado oculto
En las últimas horas, el sindicato de judiciales, hastiado de que sus pedidos formales al TSJ, para que se de a conocer ésta información clave para comprender el tejido y la estructura montada en la Justicia santacruceña, finalmente presentó un amparo en el que insta al TSJ, informe los ingresos de personal que hubo en la justicia
Ante la falta de respuestas a dos pedidos realizados al Tribunal Superior de Justicia, el gremio debió acudir a la justicia para qué en el plazo de 48 horas, el TSJ informe la nómina de ingresos al poder judicial que se produjeron desde marzo de 2020 a la fecha, como así también en que categorías ingresó dicho personal.
Se trata de un pedido puntual, que corresponde a lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública
Además de conocer la nómina de ingresos, el gremio pide que se detallen las “categorías” (escalafón) en la cual se produjeron los ingresos y nombramientos y que se especifique si fueron de carácter transitorio o permanente; características de los contratos plazos; renovaciones y pases a planta.
Esta es una información absolutamente necesaria ya que podría explicar el descalabro del sistema judicial y poner al descubierto cómo operó la política para cooptar y secuestrar a la Justicia santacruceña.
Un detalle a tener en cuenta es que, desde el máximo organismo judicial provincial, tampoco se dispone de la información sobre los requisitos que cumplieron los aspirantes ingresados y el marco legal en el cual fueron encuadrados.
Vale mencionar que el amparo presentado por el gremio también reclama que se entregue el informe realizado el 2022 por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, respecto de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y Juzgado de Familia de Río Gallegos.
Secretismo
El texto del amparo deja en claro que no se trata de un pedido nuevo y que esta información ya debiera ser de domino público. Según el gremio TSJ “hizo caso omiso a estos pedidos de informes, lo que no hace más que responder a una clara política de secretismo sobre el manejo de los asuntos públicos que impera en Santa Cruz”.
Es importante señalar que el sistema judicial provincial, su estructura y sobre todo su accionar ha sido muchas veces cuestionado y en diversas oportunidades, se señalaron cuestiones arbitrarias en la conformación de juzgados coberturas de cargos y hasta procedimientos internos. El caso más indignante fue la designación como miembro del TSJ, de Fernando Basanta, un funcionario de Alicia que ni siquiera cumplía los requisitos para un tan alto cargo y que incluso no tenía matrícula para ejercer la profesión. Este es uno mas en la lista de familiares, parientes y amigos, que el kirchnerismo supo colocar en el Poder Judicial, como si se tratara de una “agencia de empleo”.
Prácticas arbitrarias
Desde hace tiempo el sindicato insiste en reclamar explicaciones y denunciando las prácticas arbitrarias del TSJ; que no cumple con el Reglamento de Ingreso de Personal administrativo del Poder Judicial, el cual establece la realización de un concurso público, abierto y democrático.
Frente a esto el gremio aludió al “derecho de acceso a la Información Pública”, el cual es “sistemáticamente desconocido en la Provincia de Santa Cruz por los funcionarios de todos los órdenes y niveles, incluyendo el propio Tribunal Superior de Justicia, cabeza del Poder Judicial, con la gravedad que ello implica, pues en definitiva es el Poder Judicial el último garante de los derechos y en tal sentido de la democracia, y debe ser el primero en garantizar el derecho al acceso a la información pública en su actividad administrativa”, sentenciaron desde la entidad sindical.
Es importante recordar que, en agosto, el gremio de Judiciales había presentado una nota ante el Tribunal de Cuentas con el objeto de conocer toda la información concerniente a los ingresos discrecionales de personal a la justicia. Este pedido nunca obtuvo respuestas, por eso ahora se utilizó la vía del amparo judicial.
Blindaje político
A pocos meses del fin de un gobierno cuyo signo político “controló” la provincia por tres décadas; está claro que el Poder Judicial es clave para poder avanzar en transparentar la gestión, y avanzar en causas de presunta corrupción, manejos administrativos espurios y establecer un punto de partida para saber los niveles de responsabilidad.
Por eso, no es de extrañar que el gobierno en “huida” busque blindar su gestión ante las posibles denuncias; algo que el gobernador electo, Claudio Vidal ya anticipó.
En los próximos días debería estar la respuesta del TSJ al amparo del gremio. La información podría dejar expuesta la metodología que se usó para colonizar políticamente al Poder Judicial; aunque no sería de extrañar que el máximo organismo, ignore – otra vez – un procedimiento judicial. Más que una paradoja, sería una inmoralidad.