A través de un comunicado, titulado «Licencia social en peligro», la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz se refirió al conflicto en el Yacimiento Cerro Negro, donde personal y proveedores realizaron un cese de actividades por falta de pago de haberes.
«En relación al conflicto suscitado en el Yacimiento Cerro Negro, a causa del incumplimiento de pago a personal y proveedores por parte de la Empresa CR Perforaciones Dirigidas SAS -lo que derivó en un cese de actividades del personal sindicalizado dentro del yacimiento debido a la falta de cobro de sus haberes- expresamos nuestra preocupación y solidaridad para con nuestros asociados y con los trabajadores mineros, que vieron afectada su operatoria y normal desarrollo de sus actividades», se expresa desde CAPROMISA y continúa: «Esta situación, deja en evidencia la ausencia de compromiso de la empresa Newmont Cerro Negro con el desarrollo del compre local, privilegiando la contratación de una Empresa Foránea que no posee condiciones técnicas ni económicas para ejecutar el servicio contratado, habiendo proveedores Santacruceños con experiencia y solvencia económica que cuentan con la capacidad que se requiere para realizar el servicio sin mediar inconvenientes, y aún así no han sido participados de la licitación».

A partir de los reiterados reclamos y malestar expresado a Newmont en los últimos días por Superficiarios, Comerciantes y Vecinos, La Cámara invita a la Operadora Minera a realizar una autocrítica, evaluar sus acciones puertas adentro, y dirimir si su manera de actuar, se condice con uno de sus pilares fundamentales que consiste en potenciar el desarrollo de las pymes locales y crear valor sustentable para la comunidad.
Por último, invitó una vez más a la Operadora Minera a afianzar el compromiso de trabajar de manera conjunta para potenciar el compre y desarrollo de proveedores locales, con el fin de formar socios estratégicos, y evitar situaciones de conflicto generadas por Empresas Foráneas contratadas de forma arbitraria, que causan un perjuicio económico y un impacto negativo para las Empresas Santacruceñas y para los trabajadores mineros, hecho que repercute en toda la Comunidad.