Poco a poco empiezan a conocerse los detalles del plan de ajuste con el que el flamante presidente busca equilibrar las cuentas del país y que afectará a la población general.
Javier Milei asumió la Presidencia el domingo pasado. Habló desde las escalinatas del Congreso de la pesada herencia que le deja el Gobierno de Alberto Fernández y anticipó, como receta para solucionarla, un programa de ‘shock’, ajuste y meses de dolor.
«No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al ‘shock'», dijo Milei. «Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes». Anticipó 18 a 24 meses de alta inflación.
Dijo: «No hay plata», y sus seguidores, en la plaza, lo aplaudieron. Algunos llevaban camisetas con esa frase, compradas a vendedores ambulantes instalados alrededor del Congreso y la Plaza de Mayo.
Devaluación y recortes
En su discurso de asunción, el presidente dejó preparado el terreno para los anuncios que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes por la tarde, en una alocución pregrabada.
Durante los primeros diez minutos, el ministro hizo un recuento de la herencia recibida del Gobierno de Alberto Fernández y, como diagnóstico, siguiendo en línea con las palabras de Milei, dijo que en el corazón de todos los problemas económicos del país está el déficit fiscal. La idea central es que si el Estado gasta más de lo que recibe en ingresos, y no tiene acceso al crédito, termina emitiendo dinero para cubrir sus necesidades presupuestarias, alimentando la inflación por el aumento de la cantidad de pesos.
En los otros siete minutos que duró su mensaje, Caputo enumeró sus primeras diez medidas económicas, el esquema inicial de su plan para reducir el déficit en un 5,2% del Producto Interno Bruto en 2024:
- Estandarizar el cambio oficial
El primer punto fue la fijación de un nuevo tipo de cambio oficial en 800 pesos, lo que representó una devaluación de más del 50%. Era uno de los anuncios más esperados, en un contexto en el que la brecha entre el dólar oficial y los paralelos (legales e ilegales) llegó a estar por encima del 200%, lo que generaba enormes distorsiones en la economía y ponía en situación de ventaja a quien pudiera comprar dólar oficial (algunos pocos importadores) y de desventaja a quien tuviera que vender sus dólares al valor oficial (exportadores, por ejemplo).
Con el nuevo valor, la brecha entre ambas cotizaciones bajó a en torno al 30% durante la semana, aunque todavía es pronto para saber si seguirá achicándose, se mantendrá estable, o volverá a agrandarse. En cualquier caso, la devaluación tuvo un efecto inmediato en los precios de bienes y servicios, que dieron saltos que llegaron a estar por encima del 100%. Para los combustibles, cuyo precio impacta en innumerables cadenas de valor, aumentó cerca del 40%. Todo esto ocurrió luego de que en los primeros días de diciembre se dieran ya importantes aumentos.
Se espera, por lo tanto, que la inflación del último mes del año sea especialmente alta, por encima incluso de la de noviembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos este miércoles, fue de 12,8% (160,9% en los últimos 12 meses), la más alta desde 1991 y la más alta de todo el Gobierno de Alberto Fernández.
Para hacer su efecto más grave en los sectores de menos recursos, uno de los dos rubros que más subió fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%) y el otro fue el de salud (15,9%).
- Reducción de los subsidios a la energía y el transporte
Esta medida tendrá un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, aunque sin dar detalles, el ministro Caputo dijo en una entrevista posterior en el programa ‘A dos voces’, de la señal televisiva TN, que la intención del Gobierno es implementar la reducción de subsidios a partir de enero. La medida tendrá un efecto inflacionario, que se sumará al de la devaluación del peso. Caputo también dijo que el Gobierno prevé dar subsidios directos a los usuarios que los necesitan, en vez de subsidiar a las empresas proveedoras de servicios.
- El Estado nacional no licitará obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas que no hayan comenzado
La obra pública es, además de una vía para el desarrollo de infraestructura, como rutas o puentes, también una fuente de empleo para el sector de la construcción. Al disminuir significativamente, tendrá un impacto sobre el empleo y también sobre el nivel de actividad.
- Reducción al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias
Esta decisión podría poner en problemas a las provincias, puesto que muchas dependen de esas transferencias para que cierren sus cuentas. La tensión que genera esta decisión podría dificultar el margen de maniobra del Gobierno nacional en el Congreso, con las representaciones de los diferentes lugares del país, o podría darle una herramienta de negociación poderosa con esos mismos actores, para lograr destrabar leyes en el Parlamento, contra la promesa de fondos.
- No renovación de los contratos de empleo del Estado nacional de menos de un año de vigencia
Esta medida, que buscar revisar los puestos ocupados por lo que el Gobierno considera son decisiones de carácter político –y no por necesidades reales de funcionamiento del Estado, algo que no necesariamente sea así en todos los casos– del Gobierno que dejó el poder, es casi la única que parecería estar en línea con la promesa de campaña de Milei de que el ajuste lo pagaría «la casta» del ‘establishment’ político.
- Suspensión de los anuncios publicitarios oficiales (llamada «pauta») del Gobierno nacional por un año
Si bien los medios más grandes son los que más dinero reciben por esta vía, destinada a dar difusión a los actos de Gobierno y decisiones del Estado, la medida tendrá seguramente mayor impacto en medios más pequeños, que dependían en mayor proporción de ese ingreso para su sostenimiento. La medida podría tener un efecto de concentración sobre el ecosistema de medios en Argentina.
- Reducción de los Ministerios de 18 a 9 y de las Secretarías de 106 a 54
Adelantó que habrá más de un 50% de reducción de cargos jerárquicos y de 34% de los cargos políticos del Estado nacional. Esta es otra de las medidas que puede encuadrarse en la promesa de Milei de atacar, si no a la «casta», al menos de reducir el tamaño del Estado.
- Importaciones y exportaciones
Aumentar un impuesto específico a las importaciones (impuesto PAÍS) y también de las retenciones (otro tipo de gravámen) a las exportaciones; finalizada la emergencia se van a eliminar todos los derechos de exportación (no dio plazos concretos). El aumento del costo de importar impactará en precios de productos importados y aquellos que utilicen componentes importados. La suba de retenciones buscará aprovechar el incentivo de ventas al exterior, sobre todo del sector agropecuario, del nuevo valor del dólar, para incrementar la recaudación.
- Cambios en las importaciones
Reemplazo del sistema de importaciones por uno que no requerirá autorizaciones previas, como ocurría hasta ahora. A contrapelo del aumento del impuesto a las importaciones, esta medida, de la que todavía no se conocen todos los detalles, busca simplificar el proceso de importación, que se había vuelto muy engorroso.
- Asistencia social
Se duplicarán las erogaciones de la Asignación Universal por Hijo, un seguro social, y se aumentarán en un 50% las de la Tarjeta Alimentar, un programa de asistencia social, a la vez que las de otro programa, Potenciar Trabajo, se mantendrán con los valores del presupuesto 2023. El objetivo de los aumentos en las partidas sociales será intentar compensar el efecto inflacionario y recesivo de las medidas, aunque es difícil que sea suficiente.
Por otro lado, los dos programas con aumentos son recibidos directamente por los beneficiarios, mientras que Potenciar Trabajo es intermediado por organizaciones sociales. De este modo, el Gobierno busca también quitarle poder a esas organizaciones.
En general hay consenso respecto a la necesidad de un ajuste, de cerrar la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, a levantar restricciones que dificultan las operaciones de los actores económicos.
El plan, que tiene la impronta de los que propone el Fondo Monetario Internacional, fue celebrado por el organismo con el que Argentina mantiene una deuda de 44.000 millones de dólares tomada en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri, hoy aliado de Milei.
«Vamos a rozar, tal vez, la hiperinflación»
Pero hay quienes creen que la profundidad de las medidas, algo que para Milei era inevitable, podría haber sido menor y que podrían haber estado acompañadas por algún tipo de compensación por el lado de los ingresos, para intentar amortiguar el impacto económico y social que tendrán en los ciudadanos, especialmente en las clases medias, medias bajas y bajas.
Leandro Bona, economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) le dijo a France 24: «Todo esto va a repercutir en una caída de los salarios y la jubilaciones muy profunda, que va a estar muy lejos de ser compensada con los aumentos en la Tarjeta Alimentar y la Asignación por Hijo».
En los próximos meses, agregó el economista, «vamos a rozar, tal vez, la hiperinflación, que es de un 50% mensual, nos vamos a acercar tal vez a esa cifra». También dijo que habrá «una fuerte caída de los ingresos reales, un aumento muy fuerte de los precios, y un aumento del desempleo», lo que «va a disparar la pobreza y la indigencia de manera notable».
Se espera que en los próximos días el Ejecutivo envíe al Congreso una batería de leyes que incluyan modificaciones impositivas, como la reincorporación del impuesto a las ganancias a empleados a los que se les había quitado durante el último tramo del Gobierno anterior, con apoyo legislativo de Milei, quien votó a favor de ese cambio como diputado. Al volver a cobrar ganancias, el Gobierno intentará, por el lado de los ingresos, apuntalar su proyecto de reducción drástica del déficit.
Represión de la protesta
Es esperable que los fuertes recortes, que llevarán a un empeoramiento del nivel de vida general, según advirtió el propio Milei, desaten protestas en las calles, especialmente en un país acostumbrado a las manifestaciones y los reclamos en el espacio público.
En este contexto, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial Patricia Bullrich –que apoyó a Milei de cara a la segunda vuelta electoral, junto con Macri–, anunció el jueves un «protocolo antipiquetes» para regular la protesta social, por el cual las fuerzas de seguridad federales (policía federal, gendarmería, prefectura y policías de seguridad aeroportuaria), además del servicio penitenciario federal, podrán intervenir en cortes de calles y otras vías de circulación que estén bajo su órbita, como rutas nacionales.
Además, según anunció Bullrich, identificarán a los participantes, a los vehículos utilizados, se sancionará a quien lleve menores a la protesta y buscarán cobrarle a los organizadores de las protestas los gastos por el despliegue de seguridad.
El control de las protestas en otros ámbitos dependerá de las autoridades locales. Como muchas de las más grandes protestas tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el apoyo del protocolo por parte de Jorge Macri, flamante jefe de Gobierno del distrito (y primo de Mauricio Macri), resultó un espaldarazo para la política de Bullrich.
Un sector de la sociedad ha venido reclamando que el Estado intervenga para impedir los cortes de calle y fue una de las grandes banderas de campaña de Bullrich.
El protocolo fue duramente criticado por sindicatos y movimientos sociales. La ONG Centro de Estudios Legales y Sociales dijo que «las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política».
La primera prueba importante del protocolo, si llega a implementarse efectivamente para entonces, será la del próximo 20 de diciembre, en una manifestación convocada por partidos de izquierda y movimientos piqueteros a la Plaza de Mayo, en la que esperan que haya decenas de miles de asistentes.
Tendrá lugar en el contexto del aniversario del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, que llevó a la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, que ante el estado de situación, debió abandonar en helicóptero la Casa Rosada: una imagen grabada en la memoria política de Argentina. Pero no será simplemente un acto de aniversario, sino que también contendrá consignas en contra del ajuste del flamante Gobierno entrante.
Si bien la del 20 de diciembre será una protesta de sectores específicos, que periódicamente organizan y movilizan manifestantes, resta ver en qué medida el ajuste empieza a empujar a otros sectores, los menos organizados, los no militantes, los que se consideran ajenos a la participación política activa, a tomar las calles. Y cuántos de esos serán votantes de Milei, decepcionados que sientan que el ajuste los afectó más de lo que pudieron tolerar, o que esperaban que los que más sufieran fueran, según prometió el presidente en campaña, los políticos, «la casta».
Antagonismo
Por otra parte, esta semana comenzó a delinearse el que podría convertirse en el gran antagonismo político de los próximos cuatro años. El lunes asumió el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien será el gran contrapeso peronista a Javier Milei desde un poder Ejecutivo: el distrito que gobierna es el más grande en términos de población y económicos.
En su discurso de asunción marcó las diferencias ideológicas con Milei: «A mi me parece muy claro: sin igualdad de oportunidades la famosa libertad es una estafa», y cerró parafraseando al libertario, pero modificando el corazón de su consigna: «¡Viva la justicia social, carajo!». Milei es profundamente crítico de la justicia social, ese ethos redistributivo que forma parte esencial del discurso peronista y que, en cierto modo, es constitutivo de los proyectos de país que descansan sobre el principio de Estado de bienestar.
Los mandatos de Milei y Kicillof terminan en diciembre de 2027. Es esperable que sean cuatro años de encontronazos y divergencias; ¿cuánto pesará el pragmatismo entre dos hombres con fuerte impronta ideológica?
Kicillof, durante la campaña, es quien pedía que el peronismo, el kirchnerismo, componga una nueva canción, deje de cantar siempre lo mismo, una metáfora que no cayó bien en algunos sectores de la ortodoxia de su movimiento. Eso también puede, tal vez, anticipar fricciones del gobernador con los propios.
