El bloque busca establecer nuevas bases de gestión migratoria para no tener un segundo fracaso en tan solo una década

Los ministros de la Unión Europea están barajando una serie de nuevas medidas para reforzar las fronteras de la UE y controlar la inmigración 

Sus últimas discusiones se centraron en financiar muros, cercas y alambre de espino en terceros países para prevenir la llegada y salida de inmigrantes y en aumentar la vigilancia en las fronteras de la UE. Estas medidas forman parte de un «mecanismo de solidaridad» migratoria propuesto durante la última cumbre de diciembre.
El debate inicial giró en torno a la introducción de este «mecanismo de solidaridad», que podría incluir la reubicación de migrantes, contribuciones financieras a países en dificultades, o la provisión de equipos. Sin embargo, el enfoque cambió hacia medidas suplementarias destinadas a hacer las fronteras de la UE más impenetrables.

Paso a paso

El polémico Pacto de Migración, un conjunto de propuestas legislativas, establecerá un nuevo régimen de gestión migratoria de la UE si se llega a un acuerdo antes de que finalice el mandato actual. Entre estos, el Reglamento sobre la Gestión de la Migración y el Asilo (RAMM) ha sido el más debatido. Este establecerá reglas de «solidaridad» para ayudar a los países que enfrentan dificultades con un alto número de llegadas de migrantes.

Una propuesta en el RAMM es la creación de un «fondo de solidaridad», que centralizará la información sobre cómo los países ‘contribuyentes’ ayudarán a los estados miembros en dificultades. Actualmente, la Comisión Europea y los ministros de la UE prefieren mantener clasificadas las decisiones sobre quién y cómo contribuirá a este fondo, argumentando que la divulgación pública podría incentivar la migración.

Otra cuestión polémica es la reubicación por reunificación familiar. Las últimas negociaciones indican que los ministros de la UE no quieren reconocer a los hermanos como beneficiarios de la reunificación familiar. Estas medidas han sido duramente criticadas, alegando que limitan el acceso a la reunión familiar y violan los derechos de los niños, ya que podrían separar a los niños de sus padres y hermanos.

En el ámbito de las emergencias, se discutió el Reglamento de Gestión de Crisis, que activaría un conjunto de reglas en caso de ‘crisis’. Se contemplan tres escenarios: un flujo masivo de personas en las fronteras de la UE, situaciones de ‘fuerza mayor’ y la ‘instrumentalización’ por parte de actores estatales o no estatales, como fue el caso de Rusia y Bielorrusia en 2021.

Los estados miembros de la UE tendrían un papel decisivo en la activación de este mecanismo, y las medidas de emergencia reducirían las garantías para los solicitantes de asilo.

Se debate también la clasificación de las ONG como actores no estatales hostiles en la misma categoría que Rusia y Bielorrusia, lo que podría afectar a las organizaciones dedicadas a la búsqueda y rescate en el mar. El Parlamento Europeo busca especificaciones para proteger a estas ONG de tal clasificación.

Respecto al Reglamento de Procedimientos de Asilo, se planea regular los procedimientos fronterizos para ciertas categorías de personas. Estos procedimientos serían obligatorios para solicitantes con baja tasa de reconocimiento de protección internacional, considerados como «riesgo de seguridad», o que engañen a las autoridades. Las discusiones sugieren la posible eliminación de la asistencia legal gratuita durante estos procedimientos, y la consideración de ciertas solicitudes como ‘inadmisibles’ basadas en el país de origen.

Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el uso ampliado de procedimientos fronterizos obligatorios, que implicarían menos garantías legales y una evaluación menos justa de las solicitudes de asilo. Las familias con niños también podrían verse afectadas por estas medidas.

Las negociaciones, iniciadas por los eurodiputados y ministros en trílogos el 18 de diciembre, tienen como objetivo alcanzar un acuerdo antes de que finalice el mandatode la Presidencia española del Consejo de la UE a finales de año.

Sin embargo, la persistencia de puntos abiertos podría retrasar un acuerdo hasta principios de 2024 bajo la Presidencia entrante de Bélgica. De no alcanzarse un acuerdo, sería el segundo fracaso de la UE en diez años en establecer un sistema integral de gestión migratoria.