Argentina: protesta masiva contra Milei por los anuncios de duro recorte en el gasto públ …
Ciudadanos y sindicatos miden el pulso frente al nuevo presidente argentino Javier Milei. Este miércoles 27 de diciembre, organizaciones sociales y políticas participaron en la segunda gran manifestación contra el mandatario, que anunció importantes reformas en la economía y en el Estado, con una amplia participación en la actividad financiera nacional. Además de nuevas normativas laborales para los sectores públicos y privados, que los trabajadores consideran que recorta sus derechos.
Tras las reformas anunciadas por Javier Milei, que fueron establecidas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual contiene más 360 artículos de impacto directo en la macro y micro economía del país, organizaciones y sindicatos realizaron este miércoles 27 de diciembre la segunda gran manifestación contra la gestión del libertario y político de extrema derecha, que propuso también reformas laborales.
Este DNU, anunciado por cadena nacional de radio y televisión, el pasado 20 de diciembre, todavía no está vigente, dado que por la magnitud de las reformas que propone, debe ser tratado por el Congreso nacional a partir del inicio de las sesiones ordinarias, el próximo 1 de marzo de 2024. Los diputados y senadores del país, tendrán que decidir si los cambios propuestos se aplicarán o no.
No obstante, desde su anuncio, sus polémicas iniciativas de ley despiertan fuerte rechazo en gran parte de los ciudadanos. La manifestación de este miércoles tuvo lugar por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se replicó en otras urbes del país.
Bajo la consigna “abajo el DNU”, las organizaciones se opusieron a los alcances de esta normativa, por lo que fueron presentadas ante la Justicia más de una docena de medidas cautelares, para que declare inconstitucional el Decreto.
La movilización fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el grupo sindical más poderoso del país, luego de los reclamos populares que se vienen dando todas las noches frente al Congreso de la Nación, desde el anuncio del Gobierno.
17 días como Presidente y dos masivas manifestaciones en contra
El mismo día que Javier Milei y su gabinete anunciaron el Decreto que está en el debate público, organizaciones políticas de izquierda junto al Polo Obrero (una de las agrupaciones sociales y piqueteras más numerosas creada en el 2000), realizaron la primera protestas contra el Gobierno.
Esa movilización coincidió con el 22° aniversario de la crisis económica, política y social de diciembre de 2001, que provocó la dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa, que gobernó entre 1999 y 2001, y dejó 39 manifestantes muertos, en manos de las fuerzas de seguridad.
La manifestación buscó desafiar el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el “mantenimiento del orden público”, también conocido “protocolo antipiquetes”. Esa medida busca limitar las protestas en la vía pública, con un fuerte accionar de las fuerzas de seguridad y sanciona a quienes protesten, quitándoles ayudas sociales que perciben del Estado.
El protocolo, además de limitar los cortes en el tránsito vehicular, permite que oficiales de las Fuerzas Armadas puedan realizar requisas en los transportes públicos, como los buses, y puedan filmar los rostros de los pasajeros, algo que para la titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, es considerado “completamente ilegal”.
Según sus declaraciones en la emisora radial ‘AM750’, que fueron reproducidas por medios locales, “ahora estamos infinitamente peor que en 2003, porque es el Ministerio de Seguridad de la Nación el que te manda gendarmes a subir a los micros y preguntarte si vas a una movilización”.
Y recordó que desde el 2003, hay una condena contra el Estado argentino que lo obliga “a eliminar el régimen de detenciones arbitrarias que permite que cualquier persona sea detenida en cualquier lugar y momento porque a un policía le parece que tiene pinta de sospechoso”.
Este fue la segunda gran manifestación que el Gobierno de Milei enfrenta, pero se prevén más. “Todas las organizaciones que hemos participado de la marcha del 20 de diciembre y que fuimos pioneras en enfrentar el protocolo represivo de Bullrich y el plan de ajuste de Milei, vamos a estar en la concentración convocada por las CGT en Tribunales”, había anunciado el martes 26 de diciembre el diputado Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda.
De acuerdo con estimaciones de los organizadores, unas 8.000 personas participaron en la protesta de este miércoles, una cifra considerable frente a las 3.000 del 20 de diciembre.
Según informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la CGT pidió autorización para circular en los espacios públicos durante la movilización y ofreció una caución económica.
“Esto significa un cambio muy importante: la aceptación de las normas de convivencia entre todos”, declaró Bullrich, y destacó el hecho de que los organizadores de la concentración decidieron cumplir con el protocolo de seguridad.
El Congreso, entre la presión del Gobierno y los reclamos populares
Este 27 de diciembre, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que “en las próximas horas” el Ejecutivo realizará el envío del paquete de leyes que contiene temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales, que había sido anunciado el martes, a través del llamado a sesiones extraordinarias para los legisladores argentinos.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 76/2023, que fue publicado durante las primeras horas del martes 26 de diciembre, el presidente convocó “al Honorable Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias” desde ese mismo día y hasta el próximo 31 de enero, para que aborde 11 proyectos de ley que, por su impacto, y según establece la Constitución Nacional, no pueden ser modificados por Decreto.
Milei defendió el mega decreto, que el Legislativo tendrá que debatir desde marzo entrante, y en la noche del martes, en una entrevista con el canal de noticias ‘La Nación+’, el gobernante aseguró que “a esos que les gusta tanto la discusión, discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. ¡Cuidado! Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.
Sin embargo, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, puntualizó que la consulta ciudadana no sería vinculante, dado que si “la decisión de los votantes no incide en el devenir del decreto”, esto no se podría aplicar, según declaró a radio Urbana Play y reprodujo EFE.
Sobre las acusaciones de coimas que efectuó Milei, varios legisladores se pronunciaron, entre ellos el diputado nacional Germán Martínez: “Muy grave. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo”, escribió en la red social X (antes Twitter) el legislador peronista de Unión por la Patria.
“Tiene responsabilidades públicas y por ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa”, cruzó a Milei la senadora Carolina Moisés.
El mega decreto de Milei se enfrenta a una avalancha de demandas
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar las medidas que pretenden desregular la economía.
Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.
En el mismo sentido, se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de “pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina” y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser “inconstitucional y antidemocrático”, como señalaron a la agencia de noticias EFE.
Por su parte, el Gobierno continúa defendiendo el proyecto y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto es “completamente legítimo”.
