A través de un comunicado, los mandatarios patagónicos rechazaron la modificación en la actividad pesquera que refleja la Ley Ómnibus.
«Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país», remarcaron los mandatarios provinciales a través de un comunicado conjunto.
El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestaron su más firme rechazo a las distintas modificaciones relativas a la actividad pesquera que se encuentran planteadas dentro de la «Ley Ómnibus» que el Gobierno nacional envió recientemente al Congreso.

Foto: Parte de Pesca

Los mandatarios provinciales señalaron tres ejes principales que «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina».

Preocupación
En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino.
«Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos», explicaron los mandatarios provinciales en el comunicado.
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.
«La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual», advirtieron los mandatarios.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.
«A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región», agregaron los gobernadores en el comunicado.
Los gobernadores señalaron además que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca «provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras».
Además, remarcaron también «la importancia de apoyar una industria pesquera que otorgue valor agregado a las exportaciones, generando empleo local, y dinamizando la economía a través de constantes inversiones destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sector».
En ese sentido, señalaron que «las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero», teniendo así como resultado «una menor recaudación por parte del Estado Nacional, como consecuencia de la imposibilidad de exportar determinados productos que terminarían resultando antieconómicos».
Por último, los gobernadores plantearon que: «en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica».