Noruega se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la controvertida práctica de la minería en aguas profundas a escala comercial.
Noruega se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la controvertida práctica de la minería en aguas profundas a escala comercial.
El proyecto de ley que se aprobó el martes va a acelerar la búsqueda de metales preciosos, los cuales tienen una gran demanda en la industria de tecnologías verdes.
Los científicos ambientales han advertido que la aprobación del proyecto podría tener efectos devastadores para la vida marina.
El plan se circunscribe a aguas noruegas, pero este año podría alcanzarse un acuerdo sobre minería en aguas internacionales.
El gobierno noruego dijo que estaba siendo cauteloso y que sólo comenzaría a emitir licencias una vez que se llevaran a cabo más estudios ambientales.
Tesoro en las profundidades
Las profundidades del mar albergan rocas del tamaño de una papa que se conocen como nódulos y costras: éstas contienen minerales como litio, escandio y cobalto, fundamentales para las tecnologías limpias, incluidas las baterías.
La propuesta de Noruega le permitirá a las empresas mineras presentar solicitudes para explotar unos 280.000 kilómetros cuadrados, un área mayor que el tamaño de Reino Unido.
Aunque estos minerales están disponibles en tierra, están concentrados en unos pocos países, por lo que su suministro puede llegar a estar en riesgo. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es dueña de algunas de las mayores reservas de cobalto, pero enfrenta conflictos en algunas partes del país.
Walter Sognnes, cofundador de la empresa minera noruega Loke Minerals -que planea solicitar una licencia- reconoció que es necesario hacer más para comprender las profundidades del océano antes de que comience la minería.
Le dijo a la BBC: «Tendremos un período relativamente largo de actividad de exploración y mapeo para cerrar la brecha de conocimiento sobre el impacto ambiental».
Las críticas
Martin Webeler, activista de los océanos e investigador de la Fundación de Justicia Ambiental, dijo que el anuncio es «catastrófico» para el hábitat del océano.