QLa ley ómnibus fue defendida por Guillermo Francos. Cambios en emergencia pública, sistema electoral, régimen de pesca, de biocombustibles y privatizaciones.

Declaración de emergencia pública por dos años en once materias: AFUERA. Desregulación del régimen de pesca: AFUERA. Cambios en el sistema de biodiesel: AFUERA. Modificaciones al sistema electoral: AFUERA. Privatización del Banco Nación: AFUERA. Criminalización de la protesta por reunión de tres o más personas: AFUERA. La ley ómnibus comenzó a ser modificada en Diputados apenas 48 horas después del inicio de su tratamiento en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, expuso ante el plenario y admitió que el capítulo de reforma política que incluye la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única Papel no tienen consenso para ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

Luego de las críticas de Unión por la Patria, la UCR y hasta los aliados del PRO a la inclusión de la reforma del sistema electoral en la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Francos admitió que “tenemos claro que para la votación se requiere eso, si no están los votos para tratar las reformas electorales eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley”.

El ministro del Interior también reconoció que la ley ómnibus cuenta con errores de redacción, y admitió con ironía: «Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto, soy un intuitivo», dijo tras escuchar las críticas que la oposición lanzó a coro sobre el financiamiento, la uninominalidad y la oportunidad de avanzar con la reforma en extraordinarias.

Sobre el momento de abordar el tema, el ministro sostuvo que «puede ser» que no sea oportuno, pero «la situación económica hace que el pueblo argentino espere gesto de la política». El funcionario se refirió también a las críticas sobre que liberar el tope del financiamiento a los partidos políticos de parte de privados podría derivar en que lleguen recursos del narcotráfico o el delito.

«No tocamos nada, tiene exactamente las mismas limitaciones, el riesgo de que sectores del narcotráfico, de las asociaciones criminales aporten a una campaña electoral es el mismo en el sistema anterior, que en el actual. No hay cambios, lo único que hicimos fue eliminar el tope», aclaró Francos. Y subrayó: «Todos conocemos cómo es el financiamiento de la política, porque una parte que se declara y después hay otra parte que nadie sabe. Pero uno sabe cuando ve gastos de campaña que o son recursos públicos o son recursos que surgen de algún otros lado».

Reforma política: los cambios que plantea el proyecto

Antes de iniciar el debate en el Congreso, Francos publicó un hilo de tuits en X: «Proponemos modificaciones en el sistema político argentino para generar un proceso de transformación y de cambio en la vinculación de la política con el pueblo. Con esta reforma, queremos simplificar los calendarios electorales y trasladarle a los partidos la tarea de organizar y financiar sus internas». El ministro del Interior señaló que «en estos últimos 12 años las PASO implicaron un enorme gasto para el Estado». «Solamente en 2023 se gastaron $11 mil millones entre aportes de campaña y boletas electorales para 15 agrupaciones políticas, 10 de las cuales no pasaron el piso previsto por la Ley», indicó Francos.

Así, y a pesar de que Javier Milei advirtió que no negociará el contenido de la ley, la Cámara de Diputados en menos de 48 horas ya comenzó a desguazar el proyecto de ley incluido para ser tratado en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. Un plazo que le quedará corto a la La Libertad Avanza para sancionar el texto en Diputados y luego debatirlo en el Senado para convertirlo en ley.

El martes, en la primera jornada del plenario, el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló que el gobierno nacional también está dispuesto a modificar el plazo para la declaración de la emergencia pública en once materia.

El funcionario aseguró que la declaración de emergencia, con delegación de facultades legislativas para Javier Milei, «tiene un plazo determinado y nos están sugiriendo que se acorte, algo que podríamos aceptar» al revelar que se podría modificar así el artículo 3 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos que establece la declaración de la emergencia pública «hasta el 31 de diciembre de 2025».La Casa Rosada cede así en el artículo central del proyecto y estaría dispuesta acotar la declaración de emergencia pública a un año en vez de de a dos, hasta 2025, como establecía la versión original del proyecto. Rodríguez Chirillo defendió sin embargo la amplitud de la emergencia que abarca «materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025».

Esta semana, la Casa Rosada también dio marcha atrás en el capítulo referido a biocombustibles. Francos recibió el lunes a funcionarios de cinco provincias para aclarar detalles del proyecto de ley «ómnibus» vinculados a las economías regionales, principalmente lo referido a los biocombustibles, tanto biodiesel como bioetanol. El Ministro recibió a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y a representantes de los gobiernos de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy.

Junto a Francos estuvieron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella, al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y al subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder.El ministro del Interior indicó que durante el encuentro se pudieron «clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito». «Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto Ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia», aseguró el titular de la cartera de Interior.

La semana pasada, Gobernadores del PRO, la UCR y el PJ de la Patagonia lograron que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con uno de los apartados de la ley ómnibus, al advertir como un «tiro en el pie» y una «preocupación» las modificaciones a la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola que pretende establecer el Ejecutivo. Luego de graficar como «un tiro en el pie» los cambios que ese proyecto de ley imponía al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien confirmó que habrá «clarificaciones» sobre algunos artículos, en lo que se configura como la primera marcha atrás del Gobierno antes del tratamiento de esa ley en el Congreso.

El planteo de Torres fue acompañado también con un comunicado conjunto de todos los gobernadores patagónicos: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los provinciales Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Otra de las críticas fue del mandatario peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recalcó que la eliminación de la Ley 25.715 -que establece determinados aranceles para la importación de azúcar- «lesiona gravemente a la actividad azucarera».En cuanto a las privatizaciones, tampoco existe consenso para avanzar en el cambio del regimen societario del Banco Nación a partir del rechazo de la UCR, UP y sectores del PRO.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio,remarcó que no quiere que el Parlamento «sea una escribanía» de cara al debate de la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que el presidente Javier Milei envió al Congreso para su tratamiento, y afirmó que presentará «sugerencias» para modificar varios artículos de la iniciativa.

En ese sentido, el mandatario del PRO apuntó a la privatización de empresas como YPF, el Banco Nación y a las retenciones e impuestos sobre economías regionales que están contenidos en esos proyectos. «Lo he criticado en su momento, estoy convencido de que las leyes pueden ser mejoradas por la oposición, hay que tener la humildad de escuchar a los otros y ver si podemos mejorar la calidad de nuestras políticas públicas», apuntó Frigerio, uno de los diez mandatarios que integran el frente de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).