ONG recibieron cartas del Ministerio de Seguridad de Argentina con cobros por los costos de los operativos de seguridad.
Organizaciones sociales y sindicales de Argentinaaseguraron que el Gobierno del presidente Javier Milei las “intimó” esta semana a pagar hasta 56 millones de pesos (66.000 dólares) por los operativos de seguridad ordenados en el marco de dos manifestaciones realizadas en 2023.
“Recibimos la intimación de pago de una suma millonaria, al igual que otras organizaciones sociales y sindicales”, dijo la ONG Libres del Sur, una de las afectadas, en un comunicado divulgado el viernes donde señala haber recibido la “intimación” el día anterior.
Silvia Saravia: “El gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social, antes que resolver los problemas de la gente”
“Este jueves 11 recibimos la intimación de pago de una suma millonaria, al igual que otras organizaciones sociales y sindicales, por la concentración realizada en la plazoleta del Obelisco el 22 de diciembre pasado”, expresó la dirigente nacional de Libres del Sur.
Saravia planteó que “la Jornada Nacional denunciaba la interrupción total de la asistencia alimentaria por parte de la Ministra Pettovello, en un marco de emergencia social y económica donde el deterioro de las condiciones de vida de la población se acelera de forma abrupta.”
“En ese contexto la Ministra hizo un spot amenazante hacia quienes reclamábamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestión como funcionaria pública hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable”, denunció.
“La única respuesta al día de hoy es del Ministerio de Seguridad, con una sanción económica por protestar, aún sin haber cortado calles. Una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”, concluyó.
“Estas penas son actos de persecución e intimidación por parte del Gobierno de Javier Milei”, denunció en otro comunicado la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTAA).
Ambas organizaciones fueron multadas por dos manifestaciones distintas: la primera ocurrió el 22 de diciembre de 2023 en una plaza en el centro de Buenos Aires, donde decenas de personas se movilizaron para denunciar la interrupción de la asistencia alimentaria que el Estado brinda periódicamente a las organizaciones sociales.
La segunda manifestación -que reunió a decenas de miles de personas- se realizó el 27 del mismo mes, cuando las principales centrales obreras de Argentina llevaron un recurso de amparo al Palacio de Tribunales para que se declare la nulidad del ambicioso decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, que promueve una reforma laboral.
Al menos una decena de organizaciones recibieron cartas del Ministerio de Seguridad, a cargo de la conservadora Patricia Bullrich, en la que se reclama el dinero para subsanar los costos operativos “que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.
