El tribunal de alzada señala que no había «impedimento» para que el Congreso se reuniera en diciembre, cuando Milei firmó el DNU, por lo que no están probados los requisitos de necesidad y urgencia.

El gobierno de Javier Milei sufrió este martes un serio tropiezo ante la Justicia, que anuló por «inconstitucional» todo el capítulo de la reforma laboral lanzada en diciembre mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El tema es de «imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo», señaló el tribunal de apelaciones de la Cámara Nacional del Trabajo. El gobierno argentino tiene previsto insistir y apelar ante la Corte Suprema de Justicia, aunque a efectos prácticos la reforma laboral no tiene vigencia.

La presentación judicial había sido hecha por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical argentina y de filiación netamente peronista. El fuero laboral ya le había dado la razón en primera instancia el 3 de enero a la CGT, que vio ratificada su posición en la segunda instancia que implica la Cámara.

El tribunal de alzada señala que no había «impedimento» para que el Congreso se reuniera en diciembre, cuando Milei firmó el DNU, por lo que no están probados los requisitos de necesidad y urgencia.

«Con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU», señalaron los tres jueces de la Cámara en un fallo unánime.

La reforma laboral apunta a disminuir el poder de los sindicatos, una verdadera corporación que condiciona a todos los gobiernos, así como las indemnizaciones y ciertos derechos laborales para, según el gobierno, impulsar la actividad productiva.

El ultraliberal Milei, que asumió el gobierno el 10 de diciembre tras cuatro años del peronista Alberto Fernández en la Casa Rosada, está teniendo en los primeros compases de su gobierno dos obstáculos de distinta naturaleza.

La CGT aglutina el descontento de sectores esencialmente peronistas y de izquierda a partir de la fuerte devaluación del peso y la elevadísima inflación. El 24 de este mes lanzó una huelga general, apenas 44 días después de la asunción del nuevo gobierno. En los cuatro años de gobierno de Fernández, la CGT no hizo ninguna huelga general.

El otro freno que encuentra Milei está en la oposición no peronista, fragmentada, que se mostró como una hábil negociadora para poner límites en el Congreso a la «Ley Ómnibus», presentada una semana después del DNU

El 20 de diciembre, Milei firmó un DNU que incluye 366 medidas a lo largo de más de 80 páginas. El DNU «avanza sobre algunos de los lobbies más poderosos de la Argentina, que no salen de su asombro ante el impacto aún indescifrable de tantas medidas en sectores tan disímiles», señaló en su momento «La Nación».

Dentro de las medidas se incluyen la derogación de los controles de precios en la economía argentina, la flexibilización del régimen laboral, la apertura a la privatización de las empresas públicas y la derogación de la ley de alquileres, que ya están siendo pactados en pesos, dólares, euros o la moneda que se desee.

Una semana después, MIlei envió al Congreso un mega proyecto de ley que apunta a convertir al país en la nación más liberal de América Latina, otorga superpoderes al jefe de Estado y apuesta por la mano dura en cuestiones de seguridad.

El proyecto, denominado «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», consta de 664 artículos repartidos en 351 páginas. El pomposo nombre juega con las «Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina» que el liberal Juan Bautista Alberdi escribió en la primera mitad del siglo XIX, y que sirvió de sustrato ideológico para la Constitución Nacional de 1853/1860, reformada en 1994.

Guillermo Francos, el ministro del Interior, fue en persona al Congreso a entregarle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el voluminoso proyecto, guardado en una caja de madera con los colores nacionales.

La duda en ese momento era si Milei realmente pretendía concretar todo lo que propone o simplemente fue más lejos de lo imaginable para negociar. No hay que olvidar que cuenta con 38 diputados de 257 y siete senadores de 72.

El paso de las semanas dejó en claro que el concepto de «ley Mamuschka» o «muñeca rusa» es real: el gobierno de Milei incluyó tantos temas, y tan disímiles en su importancia y urgencia, que en las negociaciones fue cediendo capítulos de la ley, aunque preservando el núcleo. La última cesión fue retirar todo el capítulo referente a la reforma tributaria y fiscal, además de disminuir el alcance temporal de los súper poderes.

Está previsto que la Cámara de Diputados inicie el debate de la «Ley Ómnibus» este miércoles, en una sesión que se promete maratoniana.