El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la causa en la que se pide la «inconstitucionalidad» del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad y solicitó que se presenten «fundamentos jurídicos» para su aplicación.
Bullrich dijo que el costo del operativo en las calles durante el debate de la «ley ómnibus» fue de casi $ 50 millones.
La titular de la cartera, Patricia Bullrich, tiene así 72 horas para detallar en un informe los argumentos mencionados, además de indicar «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales acerca de la aplicación de las medidas.
«Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)», detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique «pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados».
«A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales», agrega la orden judicial.
Casanello pide «precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'» y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».
«Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes», remarca el texto.
Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».

Pedido
La decisión del juez es respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».
«Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'», dijo Fierro en un comunicado.
La legisladora calificó la medida judicial como «un primer paso positivo» y pidió que «cuanto antes» Casanello «suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional».
El dirigente del MST Alejandro Bodart consideró al protocolo como «una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei» y dijo que forma parte de «un estado de sitio de hecho».