Tras el encuentro con el gobernador Claudio Vidal, del que participaron dirigentes gremiales, las repercusiones no se hicieron esperar y la totalidad de los representantes de los trabajadores elogiaron la decisión política plasmada hoy en una medida del Ejecutivo provincial.
Participaron de la reunión, Marisa Lozano, de APROSA, Carlos Gervasoni, de UPCN, Andrea Vellio, de UPCN, Enrique Lucero, de AMET, Marcelo Ojeda, de APAP, Ángel Choque, de la Asociación Civil Policía, Antonio Ibarra, del Consejo del Salario de la Policía de Retirados, Jorge Torrasalvo, del Centro de Retirados de la Policía, Javier Fernández y Mónica Flores de ADOSAC, Carlos Garzón, de ATE, Milton Vera y Silvia Leiva de ATSA, María Ruiz Espinoza de Luz y Fuerza, y Viales de Santa Cruz.
Una medida positiva
Tras el encuentro, el titular de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), Javier Fernández, señaló que, “se nos informó cuál era la intención de parte del gobierno provincial, nosotros esta mañana – por ayer – hicimos una presentación en la justicia federal en contra de este impuesto” y remarcó, “nos vamos con una sensación positiva, por supuesto, porque ha informado el gobierno provincial en la voz propia del gobernador que no van a aplicar ese impuesto, que la provincia va a absorber, en todo caso, lo que signifique”, explicó.
Por su parte, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz, Carlos Garzón, subrayó que “si no se tomara esta medida, tendríamos un éxodo de profesionales” y agregó que, “cerca del 40 por ciento de los docentes de Santa Cruz estarían pagando el impuesto a las ganancias. Era una medida necesaria para contener a los trabajadores”, afirmó.
En esa línea, añadió que, “no es menor que haya diez mil estatales que paguen impuesto a las ganancias. Si todos pagasen, serían tres mil millones de pesos que se irían de Santa Cruz y eso lo cubrirá el Gobierno”, concluyó.
Impuesto a los pobres
Por su parte el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien también se reunió con Vidal expresó que: “Ganancias volvió como un impuesto a los pobres, y a partir de las últimas modificaciones, en la Patagonia comprende a un número mayor de trabajadores”. “Esta medida no sólo impedirá una rebaja en los salarios, sino que evitará el éxodo de profesionales y de un recurso humano altamente formado que hasta aquí por este tributo era alcanzado”, agregó.
Vale mencionar que la medida se da luego de los reclamos del sindicato y la misma beneficiará a más de 12 mil trabajadores activos y jubilados alcanzados por el gravamen. De esta forma, se estima que el Estado provincial absorba el costo de 650 millones de pesos mensuales por el pago de este tributo.
“Tenemos que valorar una decisión política que beneficia de manera directa a los trabajadores, pero que también garantiza que no se resientan las prestaciones que brinda el Estado”, remarcó el Secretario General de ATE Nacional.
