La Cámara Federal de Casación se apresta a definir si confirma la condena a 6 años de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad por el delito de fraude con las licitaciones de obras públicas en Santa Cruza.
Días decisivos para el futuro judicial de Cristina Kirchner y sus «socios de la banda» (tal cual los describió el fiscal Diego Luciani cuando se conoció la condena de la Causa Vialidad aquel histórico 6 de diciembre de 2022) en una cuenta regresiva que podría sellar no solamente el fututo político de la ex mandataria, sino que impactaría directamente en el armado de la «nueva cara» que pretende presentar el PJ, en medio de la implosión que causaron las tumultuosas revelaciones de la vida de Alberto Fernández.
Para el Kichnerismo por estos días no hay buenas noticias: Axel Kicillof no considera a La Cámpora como parte de su futuro; el riojano que se postula como futuro presidente del PJ fue recibido por el «compañero» Papa Francisco» (en una evidente «bendición» a su aspiración) y se podría venir la confirmación en segunda instancia de la condena de Cristina, pero con la yapa de años adicionales por el endurecimiento de la caratula.

La primera condena

Aquella condena de 2022, que signó el devenir político de la ex mandataria, fue pronunciada por el Tribunal oral compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes le impusieron una pena de 6 años de prisión. En su momento, la pena estuvo encuadrada en el delito de «fraude a la administración pública», pero Basso en minoría se había hecho eco del pedido del fiscal y se había pronunciado para que se sumara el delito de «asociación ilícita».
Obviamente, desde ese momento se abrió el periodo en que la defensa de Cristina y los otros condenados llevaron adelante las apelaciones del caso, en una etapa que se extendió casi un año y que tuvo su etapa culminante entre febrero y mayo de 2024. Fueron seis las audiencias con el fiscal ante la Casación, Mario Villar y los abogados defensores y finalmente llegó el momento en que la Cámara deberá determinar si confirma las condenas.
Puntualmente, en esta instancia el Tribunal deberá resolver si ratifica la pena, la reduce o si -como pretende el fiscal Luciani- la eleva a 12 años de prisión con el delito de asociación ilícita.
Se trata del caso que muestra con pruebas detalladas y testimonios, el accionar delictivo que permitió el «saqueo» a la provincia de Santa Cruz, mediante «amañados» procesos licitatorios de obra pública. Tal vez el mayor entramado nunca antes visto de corrupción que iba desde lo más alto del «poder» pasando por estamentos medios de funcionarios que «ponían la firma» sin preguntar y la estructura de empresas que manejaba Báez y otros amigos.

Las discrepancias

Según fuentes cercanas a Comodoro Py (sede de la Justicia Federal en la ciudad Autónoma de Buenos Aires), por ahora hay posturas discordantes entre los camaristas que deben decidir «el futuro» de Cristina.
Según trascendió, el magistrado Gustavo Hornos tiene una postura dura en línea con lo planteado por el fiscal Luciani y pretendería incorporar el cargo de asociación ilícita. Algo que también había reclamado el fiscal de Casación Mario Villar, coincidiendo en la argumentación jurídica surgida la masividad de pruebas presentadas en la causa.
Por otra parte, los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, dudarían en confirmar el fallo de primera instancia de manera lineal, y obviamente no estarían en la línea de aumentar penas. De acuerdo a los trascendidos, ya habrían deslizado a algunos colaboradores que según su criterio «no correspondería aplicar la pena máxima para el delito de fraude». Más aun, tomarían las 45 licitaciones como un solo hecho de fraude. Con lo cual, le darían a Cristina el beneficio de ser tratada como «una persona primaria» (sin condenas anteriores) y sin antecedentes penales.
Lo que ocurre es que Borinsky tiene «antecedentes» de ser un juez «garantista»; pero sólo con «funcionarios K»; como ocurrió con el criterio que aplicó para revisar la condena del ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido en el caso de la Tragedia de Once.
En este virtual empate «uno a uno» entre quien pretendería proteger a Cristina y quien buscaría que se confirme y se amplíe la condena, desempataría el juez Barroetaveña. En el caso de este magistrado, por los pasillos de Tribunales suelen decir que es nunca le gustó la acusación que permanentemente hacía Cristina sobre el «lawfare» (guerra jurídica) y supone que este sería un buen escenario para presentarse como un «juez neutral» no afectado por el contexto político.

La banda

Según se sabe el Tribunal están analizado si antes de tomar una decisión convoca a una audiencia a los imputados. En estas convocatorias, antes de dictar sentencia, se anticipa a los involucrados que podrían quedar presos. Este tipo de audiencias son procedimientos usuales para delitos comunes; pero este no sería el caso ya que hay exfuncionarios acusados y condenados de delitos de corrupción.
Vale recordar que el fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner, como jefa, y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. Asimismo, pidió que sean condenados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.
Así las cosas, el destino de Cristina y su banda está en manos de esos tres magistrados; en un fallo que todos los santacruceños debiéramos atender la magnitud del saqueo al que fue expuesta la provincia.