Conforme a lo que había anticipado la semana pasada el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, de manera institucional esta comuna ya elevó a la Legislatura Provincial, a través de los presidentes de los bloques UXP: Eloy Echazú, SER: Fernando Españon, UCR: Pedro Muñoz y al presidente de la Cámara Fabián Leguizamón, para su consideración y tratamiento, un proyecto actualizado de Ley de Declaración de Emergencia Petrolera en Santa Cruz.

La norma propuesta tiene como objetivo la instrumentación de herramientas legales que permitan asegurar miles de puestos laborales y mantener la producción de hidrocarburos que ya ha comenzado a declinar, en consonancia con el incierto panorama que se presenta por la retirada de la operadora YPF de los yacimientos maduros que aún tiene concesionados en Santa Cruz. Concretamente, en el capítulo de los considerandos de este proyecto, se deja constancia que es imperioso que las autoridades provinciales adopten -de manera urgente-, medidas que eviten un estallido social de impredecibles consecuencias.

En el marco de los fundamentos también se especifica que peligra “la seguridad e integridad patrimonial de las entidades empresarias de servicios” como consecuencia de la determinación “asumida por la operadora YPF de proceder a la concentración de sus inversiones y operaciones en la formación no convencional de Vaca Muerta (Neuquén)” retirándose de los 10 bloques de yacimientos maduros de formación convencional en Santa Cruz conocidos como: Barranca Yankowsky, Cañadón de la Escondida-Las Heras, Cañadón León-Meseta Espinosa, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, El Guadal-Lomas del Cuy, Los Monos, Los Perales-Las Mesetas y Pico Truncado-El Cordón”.

Refiere además que existe consenso en señalar que el Estado de Emergencia constituye una necesidad que se traduzca en asegurar la subsistencia misma del Estado y su régimen político, ante “un insoslayable riesgo de caos social”.

En ese sentido, a través de este proyecto se enumera una serie de las nefastas consecuencias que puede traer aparejada la nueva crisis petrolera, citándose entre otras a la siguientes: descalabro económico generalizado, existencia de grave riesgo social, circunstancias que comprometan el desarrollo económico del Estado, y quebrantamiento de la paz social con consecuencias imprevisibles.

Estrepitosa caída de la producción

En otro capítulo de los considerandos, la comuna de Cañadón Seco detalla que la producción de petróleo primaria, secundaria y asistida de YPF fue de 191.923 metros cúbicos en diciembre de 2023, tras lo cual tuvo una caída “estrepitosa” ya que en junio de 2024 fue de 143.384, mientras que para el presente mes de septiembre se prevé que solo llegará a unos 108.000 y apenas a 58.000 en diciembre de este mismo año.

“Es decir que la caída programada es del orden del 30 % con las implicancias desastrosas que ello representa” se puntualiza, lo cual también “pone en expectativa una caída de la actividad empresarial, de la actividad económica y la caída puestos laborales con consecuencias impredecibles, estamos a las puertas de un estallido social”, se reitera.

En esa misma línea manifiesta el alto grado de incertidumbre de las empresas de servicios vinculadas contractualmente con YPF”, teniendo en cuenta que al mes de agosto de este mismo año hubo “un número significativo de empresas que han finalizado sus contratos y se encuentran ligadas por simples prórrogas mensuales con una disminución significativa en materia de volumen de trabajo y precios”, situación que las pone “al borde del colapso y abismo económico financiero”.

Correlativamente, la comuna de referencia señala que “existen alrededor de 15.000 puestos laborales dependientes directa e indirectamente de YPF” y que “si proyectamos en ellos la caída del 30 % de la producción programada y/o prevista debemos pensar y advertir seriamente que la caída de puestos laborales rondará en el número escalofriante de 4.500”.
“En definitiva, la decisión de YPF no obedece a una cuestión ni geológica, ni operativa ni siquiera económica, sino que se circunscribe a la categoría nefasta de una verdadera timba financiera para garantizar grandes negocios a grupos empresarios de poder económico concentrado como Techint en el yacimiento de formación no convencional de Vaca Muerta”.

Finalmente se pone de manifiesto que “por los considerandos ut supra señalados y la argumentación expuesta” resulta urgente e imprescindible promover una Ley de Emergencia Petrolera que contenga los siguientes extremos:
1) Prohibición absoluta de producir despidos en el ámbito de concesión de explotación de los bloques señalados,
2) Sostenimiento absoluto de las inversiones al 1º de enero de 2024.
3) Sostenimiento absoluto de la producción hidrocarburífera al 1º de enero de 2024.
4) Continuidad absoluta de las organizaciones empresarias de servicios vinculadas contractualmente con la concesionaria YPFSA al 1 de enero de 2024.
5) Conformación en carácter de URGENTE de una mesa de diálogo constituida por: Las organizaciones representativas del sector laboral. Las organizaciones representativas de las entidades empresarias. Las instituciones comunales cuya jurisdicción se encuentre dentro de los yacimientos de explotación hidrocarburífera, Representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. Representantes del Poder Ejecutivo Provincial. Profesionales de vasta experiencia en la temática hidrocarburífera.
6) Reversión de las áreas y/o bloques hidrocarburíferos en favor del Estado Provincial y quita de la concesión ante el incumplimiento a los términos de la ley de emergencia por parte de YPFSA.