Crisis Universitaria
En medio de una creciente ola de tomas y protestas en casi 20 universidades nacionales en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha decidido intensificar su estrategia de control sobre el sistema educativo público. A través de un reciente dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se ha autorizado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las universidades, reemplazando a la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso.
La situación actual es crítica, con un importante número de facultades ocupadas por estudiantes que reclaman mejoras en las condiciones de estudio y una reconsideración del financiamiento universitario. En respuesta a estos conflictos, el gobierno argumenta que la decisión de trasladar la auditoría a la SIGEN no vulnerará la autonomía universitaria, aunque especialistas y actores del ámbito educativo sostienen que este cambio podría afectar el funcionamiento independiente de las instituciones.
Históricamente, solo la AGN tenía el poder de auditar universidades; sin embargo, la AGN aún no se ha constituido en su totalidad bajo la nueva administración y su auditoría está encabezada por Juan Manuel Olmos, un exfuncionario del gobierno anterior. En este contexto, el gobierno actual ha impulsado la modificación de una resolución previa que excluía a las universidades de auditorías inesperadas por parte de la SIGEN, dada la ley de Educación Superior 24.521.
Dicha resolución fue solicitada por el bloque parlamentario del PRO, y es un reflejo de la tensión creciente entre el gobierno de Milei y las universidades. El conflicto ha escalado a tal nivel que, en los últimos días, se han tomado aproximadamente 42 sedes de estudio en 19 universidades nacionales. Los estudiantes, en asambleas que se han llevado a cabo en diversas facultades, han decidido mantener las medidas de fuerza, mientras que un paro de actividades está convocado para el jueves por el frente sindical de universidades nacionales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha calificado las tomas de “delito” y ha desafiado a los manifestantes a discutir cómo mejorar el sistema educativo en lugar de recurrir a estas acciones. Su posicionamiento evidencia la dicotomía entre el Gobierno y los estudiantes, quienes reclaman a gritos un mayor compromiso por parte de las autoridades en el financiamiento y las condiciones de estudio, a la vez que critican la falta de atención hacia sus demandas.
A medida que se intensifican las tensiones y las movilizaciones en las universidades, el futuro del sistema educativo argentino se presenta incierto. La decisión de recurrir a la SIGEN para auditar universidades podría añadir más complejidad a un panorama ya de por sí conflictivo, donde la lucha por la autonomía y la calidad educativa se encuentra en el centro del debate nacional. La comunidad educativa permanece en alerta ante las medidas que podría adoptar el gobierno en los próximos días, mientras se pregunta cuál será el efecto real de estas auditorías en su autonomía y su funcionamiento cotidiano.
