La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mantiene fiel a su controvertido “modelo albanés”, que tiene como objetivo acelerar la expulsión de solicitantes de asilo cuyo estatus ha sido rechazado. Este modelo prevé que los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes han sido denegadas, sean devueltos rápidamente a su país de origen para reducir el número de personas que permanecen en Italia.
Según la corresponsal de ORF, Cornelia Vospernik, Meloni recurre a un “truco jurídico” para optimizar el proceso y eludir el marco legal que en el pasado ha ralentizado las expulsiones. Este enfoque es considerado por muchos como una “medición de fuerzas” con la justicia, ya que pone a prueba las leyes y procedimientos existentes.
Los críticos advierten que estas medidas ponen en peligro los derechos de los solicitantes de asilo y podrían agravar aún más la ya tensa situación en los centros de asilo italianos. Mientras Meloni y su gobierno presionan por soluciones rápidas, queda por ver cómo reaccionará la justicia ante este enfoque y si habrá más disputas legales.
La situación pone de relieve los desafíos que enfrenta Italia en relación con la migración y el asilo, así como la complejidad de los marcos legales que se deben navegar.
