Desde hace años, Puerto Deseado enfrenta conflictos que amenazan la estabilidad económica y social de la ciudad. Esta semana, la situación volvió a tensionarse debido a acciones del gremio liderado por Alejandro Blat, que una vez más pone en riesgo no solo a la localidad, sino también a otras ciudades de Santa Cruz vinculadas a la actividad minera.
No es la primera vez que el apellido Blat cobra relevancia a nivel provincial y nacional por medidas calificadas como extorsivas hacia las empresas. En esta oportunidad, el conflicto se desató por la negativa del gremio a permitir la descarga de un barco con contenedores e insumos esenciales, afectando no solo a Puerto Deseado, sino también a la actividad económica de otras ciudades dependientes de la industria minera.
Tras el conflicto con el barco internacional de carga, la tensión escaló cuando el gremio liderado por Blat ingresó violentamente al frigorífico de la empresa VEPEZ, generando un nuevo foco de conflicto. VEPEZ, que en julio adquirió al Grupo Arbumasa el establecimiento pesquero más importante de la ciudad y que emplea a más de 200 personas, anunció que podría dejar de operar en Puerto Deseado debido a esta situación.
En respuesta a estos hechos, la empresa presentó una denuncia judicial contra Blat y su grupo, a quienes el representante de VEPEZ calificó como “matones” en lugar de verdaderos sindicalistas. “Hemos realizado las denuncias correspondientes ante la justicia y no descansaremos hasta que se haga justicia. Los responsables de estos hechos no solo afectan a nuestra empresa, sino también perjudican a otros sindicatos y a la comunidad de estibadores, quienes, aunque no coinciden con nuestra empresa, se ven involucrados en estas situaciones violentas”, declaró el vocero.
Cabe recordar que Blat y su grupo ya han sido señalados en varias oportunidades. El ex intendente de Puerto Deseado, Kaky González, los acusó públicamente de extorsión y de recibir aportes de empresas por un millón de pesos. Además, en el pasado, han paralizado las actividades del puerto en reiteradas ocasiones, llevando a la economía local a situaciones críticas.
La sombra de malas políticas en Santa Cruz
El conflicto actual en los puertos de Santa Cruz también expone los problemas heredados de políticas erráticas y falta de control en gestiones anteriores. Un caso emblemático es el de Conarpesa, cuyo propietario, Fernando Álvarez, denunció persecución por parte de los gobiernos previos. “No me dejan hacer nada”, expresó Álvarez en su momento, agregando: “Me piden favores y cuando pido algo se olvidan que llevé los barcos a descargar; entonces, me siento manoseado, basureado”.
La situación actual de los puertos y la actividad pesquera en Santa Cruz es reflejo de políticas fallidas, especialmente durante la gestión de La Cámpora, que habría priorizado intereses personales y financieros por encima del desarrollo industrial. Estas decisiones dejaron a Santa Cruz en un estado de abandono y deterioro, afectando gravemente a sectores clave como la pesca.