Desde hace un año, el presidente Javier Milei está en el cargo. ¿Cuánto tiempo puede resistir el capital democrático del país ante la ola libertaria?

En su comentario, Matías Bianchi, fundador y director del think tank Asuntos del Sur, y la científica María Esperanza Casullo analizan el primer año de la presidencia de Javier Milei.

Una cosa no se le puede reprochar a Milei: que no haya cumplido sus promesas. Durante la campaña electoral de 2023, el think tank Asuntos del Sur publicó un estudio que evaluaba las tendencias autoritarias de los candidatos a la presidencia, basado en el marco analítico de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias”. El análisis hizo sonar las alarmas respecto a la candidatura de Milei. Ahora, se presenta un balance de su primer año de gobierno.

La gestión de Milei muestra una visión maniquea de la política, donde él se presenta como una figura mesiánica, mientras que sus oponentes son retratados como inmorales y malvados. Esta dicotomía socava la legitimidad de los adversarios políticos y es una característica de las tendencias autoritarias.

La postura comunicativa hostil de Milei es la base para un verdadero conflicto contra el Estado, no para aumentar la eficiencia, sino para reducir la estructura estatal. En su visión, todo lo público es malo y se presenta como comunista e indocrinador. Mientras desmantela algunas estructuras estatales, refuerza otras, como la vigilancia interna, con el fin de minimizar la protección social fuera del mercado.

Un riesgo preocupante es que la retórica de Milei pueda llevar a la violencia social contra grupos considerados enemigos. Ya ha habido ataques a científicos, educadores y grupos marginados, lo que representa un fenómeno nuevo y alarmante en una cultura política que se había mantenido pacífica.

A pesar de que no ha habido cambios constitucionales ni intervenciones en el Congreso Nacional, el uso repetido de decretos de urgencia es notable. Actualmente, la democracia sigue funcionando: Milei es un presidente legítimamente elegido que negocia con el Congreso y la oposición. El poder judicial se comporta de manera similar a como lo hizo en administraciones anteriores.

Sin embargo, existen señales de alarma que están socavando lentamente el capital democrático arduamente construido en Argentina. La devaluación de los discursos políticos pacíficos, la cuestionamiento de los derechos ciudadanos y la intolerancia hacia las opiniones divergentes ponen en peligro el contrato democrático de la sociedad.

Es crucial que las fuerzas democráticas formen coaliciones y se comprometan con el debate público y los derechos ciudadanos. No debemos ser como la rana en la olla de agua caliente, que solo reconoce el peligro cuando es demasiado tarde. La delegitimación y la violencia discursiva incontroladas pueden no solo afectar a otros, sino que, en última instancia, pueden arrastrar a todos.