En un contexto donde la inflación interanual se acerca al 120%, el salario mínimo en Argentina se sitúa en 279.000 pesos, equivalentes a 230 dólares. Esta cifra, que se supone debe garantizar un nivel de vida digno, resulta insuficiente para cubrir la canasta básica familiar, dejando a quienes perciben este ingreso sumidos en la pobreza. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, que se erige como defensor de la desregulación económica, sostiene que establecer un salario mínimo es un error que entorpece el libre funcionamiento del mercado laboral.

Las declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, son reveladoras. En una reciente rueda de prensa, afirmó que “conceptualmente tener un salario mínimo es un error” y que, en un futuro ideal, debería desaparecer. Esta postura no solo es inmoral, sino que refleja una desconexión alarmante con la realidad que enfrentan millones de argentinos. La idea de que las personas dispuestas a trabajar por menos no pueden ser contratadas debido a un salario mínimo es una falacia que ignora la necesidad de proteger a los trabajadores más vulnerables en un mercado laboral ya de por sí precario.

Desde que Milei asumió la presidencia hace un año, el salario mínimo ha aumentado un 80%, un incremento que, a primera vista, podría parecer positivo. Sin embargo, este aumento se produce en un contexto de inflación galopante, lo que significa que los trabajadores de menores ingresos son, de hecho, los principales perdedores de su gestión. Una familia tipo de cuatro integrantes necesita, según las estadísticas, un millón de pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas. Esto significa que, incluso con el salario mínimo, los padres que trabajan no logran alcanzar el umbral de la pobreza, condenando a sus hijos a un futuro incierto.

Los sindicatos han alzado la voz contra este estado de cosas, criticando al gobierno por aumentar el salario mínimo por decreto en un mero 3%, muy lejos del 70% que solicitaban. La Confederación General del Trabajo ha denunciado que el gobierno actúa siempre en favor de los intereses empresariales, en detrimento de los derechos y necesidades de los trabajadores. Este hecho pone de manifiesto una gestión que prioriza el beneficio de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.

Es importante destacar que, aunque el salario mínimo en dólares ha alcanzado su valor más alto en cinco años, este aumento se debe a la apreciación del peso argentino y no a una mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores. Los precios de los alimentos y productos básicos han subido de manera alarmante, y los extranjeros que visitan Argentina en estas fiestas navideñas se sorprenden al encontrar un país más caro que hace un año. Comparativamente, el salario mínimo en España es cinco veces superior al de Argentina, lo que resalta la injusticia de la situación actual.

El retroceso histórico del salario mínimo en Argentina ha llevado a que su valor real sea inferior al de la década de 1990, una época marcada por crisis económicas y sociales. La política de Milei, que parece más preocupada por satisfacer a los sectores más acomodados que por proteger a los más vulnerables, es una traición a los principios de justicia social y equidad.

En conclusión, la gestión de Javier Milei no solo es inmoral, sino que se revela como un ataque directo a los más débiles de la sociedad argentina. Al ignorar las necesidades básicas de los trabajadores y al despreciar la importancia de un salario mínimo digno, su gobierno se alinea con una visión económica que prioriza el lucro sobre la vida humana. Es imperativo que la sociedad argentina despierte ante esta realidad y exija un cambio que garantice un futuro más justo para todos.