Héctor Daniel De Olivera ha formalizado una serie de denuncias contra Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, por presuntas estafas relacionadas con la apropiación de más de 20,000 lotes que Pareja habría intentado donar. La denuncia ha sido presentada ante diversas instancias, incluyendo la embajada de Estados Unidos en Argentina, y se ha notificado al presidente Javier Milei sobre la situación.

De Olivera ha indicado que su lucha no solo se centra en la recuperación de sus tierras, sino también en destapar una supuesta “red de corrupción” que involucra a figuras políticas destacadas. En sus declaraciones, ha señalado que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, han sido informados sobre el caso, pero no han tomado medidas al respecto, lo que los convierte en cómplices, según su perspectiva.

El denunciante ha solicitado la habilitación de la feria judicial y la retención de los pasaportes de los involucrados, argumentando que estos podrían evadir la justicia al tener recursos económicos y poder. Además, ha pedido que se tomen medidas para garantizar su seguridad personal, advirtiendo que responsabilizará penalmente a quienes no actúen en consecuencia.

En el documento enviado a la embajada estadounidense, De Olivera ha hecho un llamado a investigar los supuestos vínculos financieros y delictivos de los acusados, sugiriendo que podrían estar relacionados con actividades de lavado de dinero y narcoterrorismo. También ha solicitado el congelamiento de cuentas en Estados Unidos de los implicados, considerándolos “partícipes necesarios” en el encubrimiento de estos delitos.

La situación ha generado preocupación en el entorno político, y De Olivera ha advertido al presidente Milei sobre las posibles repercusiones que esta causa podría tener en las relaciones con Estados Unidos. A medida que avanza esta compleja trama, se espera que las autoridades tomen acciones que permitan esclarecer los hechos y responder a las inquietudes del denunciante. Por ahora, el silencio de los acusados solo aumenta las sospechas y la incertidumbre en torno a este escándalo en desarrollo.