La llegada al poder de Javier Milei, un presidente libertario de derecha, ha marcado un punto de inflexión en la política argentina, especialmente en lo que respecta a la memoria histórica y la justicia por los crímenes de la dictadura militar (1976-1983). Sus políticas no solo buscan una reestructuración económica radical, sino que también plantean una peligrosa reinterpretación de la historia, que amenaza con deslegitimar los esfuerzos por la memoria, la verdad y la justicia.

Desde su campaña electoral, Milei ha dejado claro su desprecio por las políticas de memoria que han sido fundamentales en la reconstrucción del tejido social argentino tras años de terror. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, proveniente de una familia militar, ha sido una figura clave en este proceso de reescritura histórica. Bajo su gobierno, se han tomado decisiones alarmantes que recortan fondos a las instituciones encargadas de investigar y enfrentar las atrocidades de la dictadura, eliminando campos de trabajo y despidiendo a personal clave.

El partido libertario de Milei, La Libertad Avanza, ha adoptado una postura radical que busca rehabilitar la imagen de la dictadura militar. Se defiende la represión ejercida durante este periodo oscuro, se celebran indultos a altos mandos militares y se minimizan los crímenes cometidos. La inversión de la carga de la prueba, donde las víctimas deben demostrar su inocencia, es un ataque directo a los principios de justicia y derechos humanos.

A lo largo de los años, Argentina ha condenado a 1.187 personas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, bajo el gobierno de Milei, se han fomentado movimientos que buscan deslegitimar estos juicios, retratándolos como actos de venganza ideológica. La actual vicepresidenta ha sido una defensora activa de estas demandas, abogando por una “solución jurídica” para los condenados, y sugiriendo que muchos están presos “sin una buena razón”.

Las visitas de funcionarios del gobierno a presos condenados por crímenes de la dictadura son otro indicativo del cambio de paradigma. Javier Milei ha celebrado indultos anteriores, mientras que Villarruel ha pedido una revisión de las condenas, generando un ambiente donde los perpetradores son retratados como víctimas de un sistema judicial injusto.

Además, el gobierno ha tomado medidas que amenazan la preservación de archivos históricos vitales. La disolución del Equipo de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas y la falta de nombramiento de un director para el Archivo Nacional de la Memoria son pasos que ponen en riesgo la documentación y el análisis de los crímenes de la dictadura. La eliminación de fondos para los sitios de memoria y la paralización de esfuerzos de investigación y preservación son un ataque directo a la memoria colectiva del país.

La búsqueda de justicia para las víctimas, especialmente los niños secuestrados y desaparecidos, se ve obstaculizada por la decisión del gobierno de Milei de no facilitar la transmisión de archivos relevantes a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Esto no solo frena las investigaciones, sino que perpetúa el sufrimiento de las familias que llevan décadas buscando respuestas.

La revisión de las políticas de reparación a las víctimas de la dictadura, junto con la congelación de pagos y la despido de personal involucrado en estas iniciativas, es un claro intento de borrar el legado de reparación y justicia que ha sido fundamental en la sociedad argentina desde la recuperación de la democracia.

La sociedad civil, a través de organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo y los Familiares de desaparecidos, ha sido fundamental en la lucha por la memoria, verdad y justicia. Su trabajo ha permitido que las demandas de justicia se conviertan en parte de la política de Estado. Sin embargo, la actual administración busca desmantelar estos logros, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad argentina.

La distorsión de la memoria histórica bajo el gobierno de Milei no es solo un ataque a los derechos humanos, sino que representa un intento de legitimar un pasado de violencia y represión. La revalorización de la dictadura como un periodo aceptable en la historia argentina es una forma de terrorismo de Estado que amenaza con abrir las puertas a nuevas formas de represión.

En conclusión, la política de Milei no solo desafía el legado de memoria, verdad y justicia, sino que también pone en riesgo la democracia misma en Argentina. La lucha por la memoria y la justicia es más relevante que nunca, y la sociedad civil debe permanecer alerta y activa ante estos intentos de distorsionar la historia y legitimar la violencia. La verdadera libertad no puede existir en un contexto donde se borra la memoria de las atrocidades del pasado.