El intendente de la capital santacruceña junto a su hermana María Ángeles Grasso, quien forma parte del gabinete de Pablo fueron denunciados por el ejecutivo provincial. Se trata de una nueva acusación que apunta a la adjudicación ilícita de tierras en Río Gallegos. Se presentó más documentación con pruebas que, aparentemente, muestran la omisión de normativas, el manejo discrecional de lotes y el perjuicio al Estado provincial.
Con la intervención de Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), representado por Sergio Macagno como su abogado, el gobierno de Santa Cruz amplió las pruebas y radicó nuevas denuncias al intendente riogalleguense por la adjudicación de tierras fiscales del barrio El Faro en la ciudad capital santacruceña. Se trata de un sector con un alto valor inmobiliario, ubicado a orillas de la ría. El ejecutivo provincial busca esclarecer las irregularidades en este accionar, apuntando a una adjudicación arbitraria sin los debidos procesos administrativos.
La documentación presentada ante la Justicia, según informan, formaliza dos nuevas denuncias penales dirigidas a los exfuncionarios con su fundamentación en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado. Según muestra la investigación, se otorgaron lotes a beneficiarios que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, sin que se aplicaran los controles legales exigidos en estos procesos. Además, se detectó que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso, en 2019, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos.
Al respecto, el abogado del IDUV, Sergio Macagno, señaló que cerca de 31 lotes son los que se observan acreditados y que no tienen «ningún tipo de fundamentación sobre por qué se les daba a estas personas y no a otras, no hay una ponderación por grupo familiar ni otros criterios lógicos y acreditables», comentó y destacó que entre los beneficiados se encuentran funcionarios del gobierno anterior y allegados a la familia Grasso, «incluyendo la pareja de la hermana del intendente, María de los Ángeles, quien recibió un lote de 1300 m²». Igualmente, pudo cerciorarse que ni ninguna de las personas que recibieron los lotes cumplieron con los pasos para la adjudicación de terrenos: no hubo obligaciones establecidas, ni declaraciones juradas, ni abonos de ningún canon por el usufructo de los terrenos.
El letrado, además, aseguró que desde el IDUV se buscará recuperar los terrenos a través de las vías legales pertinentes, por lo que se espera que la justicia lleve a cabo una profunda investigación para establecer la existencia de una connivencia para desbaratar bienes del Estado y que determine las responsabilidades penales que pudieran derivarse.
De tal manera, Macagno manifestó que «la acción penal debe continuar y esperamos que se aclare la verdad» y aclaró que «se le dará el derecho a defensa al Sr. Pablo Grasso y a la Sra. María de los Ángeles Grasso para que expresen su versión de los hechos».
Tanto el IDUV como el Ejecutivo provincial, buscan recuperar los terrenos para el estado, según estimó el abogado, para entregarlos mediante los procedimientos y pasos legales que llevan a la adjudicación de los vecinos. «Son patrimonio de todos los santacruceños y deben ser utilizados en beneficio de la comunidad. No permitiremos que se repitan este tipo de irregularidades que perjudican al Estado y a los vecinos», cerró.