El gobierno de Javier Milei ha comenzado a implementar una ambiciosa desregulación del sector de la aviación civil en Argentina. Un borrador de decreto, que se espera sea publicado en los próximos días, prevé transferir importantes funciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que podría ser privatizada en el futuro. Este movimiento ha generado preocupación entre gremios y expertos, quienes advierten sobre los riesgos que esta desregulación podría acarrear para la seguridad operacional en el sector.

La propuesta de Milei busca cumplir con normativas internacionales, pero muchos se preguntan si la privatización y la tercerización de funciones críticas, como el otorgamiento de licencias para pilotos, realmente mejorarán el servicio o, por el contrario, pondrán en riesgo la seguridad de los vuelos. La reestructuración implicará también despidos en la administración pública, lo que podría agravar la escasez de personal calificado, un problema ya identificado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en sus auditorías.

La política de “cielos abiertos” que impulsa el gobierno tiene como objetivo reducir el tamaño del Estado y su capacidad de regular la economía. Sin embargo, la falta de control estatal en un sector tan delicado como la aviación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la seguridad aérea en el país. El hecho de que EANA se convierta en una sociedad anónima y que se busque lograr resultados superavitarios antes de su posible privatización, sugiere que el objetivo final podría ser más económico que de seguridad.

La desregulación del sector aeronáutico en Argentina es un tema que merece un análisis profundo y un debate abierto. La seguridad de los pasajeros y la integridad del espacio aéreo argentino deben ser prioridades indiscutibles, y cualquier cambio en la regulación debe ser evaluado cuidadosamente para evitar poner en riesgo la vida de quienes viajan.