La reciente resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina, que calificaba a personas con discapacidad como “idiotas”, “imbéciles” y “débil mental”, ha desatado una ola de indignación y rechazo en diversos sectores de la sociedad. La polémica ha llevado al gobierno de Javier Milei a anunciar la modificación de esta resolución, la cual fue calificada como un “error” por el organismo, que aseguró no haber tenido intención discriminatoria. Sin embargo, la situación plantea serias interrogantes sobre la sensibilidad y el enfoque del Estado hacia las personas con discapacidad, así como sobre la terminología utilizada en el ámbito de la salud y la inclusión.
Un Error Inaceptable
La resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial, incluía términos obsoletos que reflejan una visión arcaica y estigmatizante de la discapacidad. La ANDIS ha reconocido que el uso de estos términos es un error que se deriva de una terminología que debería haber sido reemplazada hace décadas. Sin embargo, el hecho de que estos términos hayan sido incluidos en un documento oficial pone de manifiesto la falta de atención y sensibilidad hacia los derechos de las personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas.
La justificación de la ANDIS de que se trató de un error sin intención discriminatoria resulta insuficiente ante la gravedad de la situación. La inclusión de tales términos en una resolución que define criterios médicos para medir la invalidez laboral no solo perpetúa estigmas, sino que también afecta la dignidad de miles de personas en Argentina.
Reacciones y Rechazo Generalizado
La reacción de la sociedad civil ha sido contundente. Organizaciones de derechos humanos y grupos que representan a personas con discapacidad han manifestado su repudio a la resolución, considerándola un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos fundamentales de este colectivo. El Foro Permanente Discapacidad ha exigido una revisión inmediata, mientras que el diputado Nicolás del Caño ha anunciado la presentación de un proyecto en el Parlamento para rechazar la medida.
La abogada Agostina Quiroz, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ha señalado que la resolución refuerza prejuicios históricos que agravan la discriminación. Este tipo de lenguaje no solo impacta negativamente en la vida de las personas con discapacidad, sino que también perpetúa barreras actitudinales que obstaculizan la construcción de comunidades inclusivas.
Un Enfoque Superado
El uso de una terminología que se adhiere al modelo médico de la discapacidad, que se centra en la deficiencia de la persona, es un enfoque que ha sido superado por el modelo social. Este último entiende la discapacidad como una interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, promoviendo la idea de que la sociedad y el Estado deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad.
El hecho de que la administración pública continúe utilizando términos despectivos y obsoletos no solo es un reflejo de una falta de actualización en las políticas, sino que también perpetúa una visión negativa de la discapacidad que debe ser erradicada. El lenguaje tiene un impacto profundo en la construcción de identidades y en la forma en que la sociedad percibe a las personas con discapacidad.
Hacia un Futuro Inclusivo
Es imperativo que el gobierno argentino tome medidas concretas para garantizar que las políticas y la terminología utilizadas en el ámbito de la discapacidad sean inclusivas y respetuosas. La modificación de la resolución por parte de la ANDIS es un primer paso, pero no suficiente. Se requiere un compromiso real para revisar y reformar todas las políticas que afectan a las personas con discapacidad, asegurando que se alineen con los estándares internacionales y con el respeto a los derechos humanos.
Además, es fundamental fomentar un diálogo inclusivo con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que sus voces sean escuchadas en el proceso de formulación de políticas. Solo así se podrá construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida comunitaria.
Conclusión
La controversia en torno a la resolución de la ANDIS es un recordatorio de que el lenguaje y la terminología utilizados en la administración pública tienen un impacto real en la vida de las personas. Es esencial que el Estado adopte un enfoque que priorice la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, y que se comprometa a erradicar cualquier forma de discriminación. La inclusión no es solo una cuestión de políticas, sino de respeto y reconocimiento de la diversidad humana. Argentina tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro donde todas las personas sean valoradas y respetadas, independientemente de sus capacidades.
