La falta de ética del Gobierno de Milei: Un ataque a la dignidad de las personas con discapacidad
En un lamentable giro de los acontecimientos, el Gobierno de Javier Milei ha encontrado la manera de ofender y deshumanizar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad. A través de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), el Ejecutivo ha calificado a estas personas con términos despectivos como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”. Esta resolución, que define criterios médicos para medir la invalidez laboral, no solo es un insulto a la dignidad humana, sino que también refleja una alarmante falta de ética en la administración pública.
La decisión de recuperar un lenguaje arcaico y discriminatorio, que remonta a un decreto de 1998 del gobierno de Carlos Menem, es un claro indicativo de la falta de sensibilidad y respeto hacia las personas con capacidades diferentes. En lugar de avanzar hacia una inclusión real y efectiva, el Gobierno de Milei se aferra a prejuicios históricos que perpetúan la discriminación. La abogada Agostina Quiroz, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ha señalado que estas expresiones “reproducen y refuerzan prejuicios históricos”, poniendo en riesgo los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad.
Es inaceptable que el Estado, en lugar de ser un aliado en la lucha contra la discriminación, recurra a un lenguaje que perpetúa estigmas y barreras. La resolución de la ANDis no solo es un ataque directo a la dignidad de las personas con discapacidad, sino que también ignora el modelo social de la discapacidad, que enfatiza la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno. Este enfoque, que busca transformar la comunidad y el Estado para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad, es el que debería guiar las políticas públicas.
El impacto de esta medida es devastador. La utilización de un lenguaje despectivo no solo afecta la percepción que la sociedad tiene sobre las personas con discapacidad, sino que también tiene consecuencias concretas en sus vidas. Como bien señala Quiroz, “el lenguaje y los modos en los que nos referimos a las otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo como en lo individual”. Al reforzar estereotipos dañinos, el Gobierno de Milei contribuye a la construcción de comunidades menos justas e inclusivas.
La respuesta del Gobierno, que ha pedido disculpas tras la indignación generada, no es suficiente. Las palabras tienen peso, y el hecho de que la Administración pública haya utilizado estos términos para referirse a seres humanos demuestra una falta de ética inexcusable. No se trata solo de una cuestión de lenguaje, sino de un reflejo de la visión que el Gobierno tiene sobre la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y todos los ciudadanos se levanten en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No podemos permitir que el lenguaje discriminatorio y la falta de respeto hacia la dignidad humana se normalicen en nuestras instituciones. La lucha por la inclusión y el respeto hacia todos los seres humanos debe ser una prioridad, y el Gobierno de Milei tiene la responsabilidad de liderar este cambio, no de retroceder en el tiempo.
