
El escándalo en torno a la criptomoneda Libra, promovida por el presidente Javier Milei, ha escalado a un nivel alarmante, con el Departamento de Justicia de EE.UU. investigando a Sergio Morales, un funcionario de la Comisión Nacional de Valores y cercano a la Secretaria General Karina Milei. La investigación se centra en si hubo un fraude internacional y quiénes fueron los beneficiados de esta supuesta estafa.
A pesar de que Milei intenta minimizar la gravedad del asunto, la investigación ha avanzado con citaciones y órdenes de entrega de información dirigidas a varios actores involucrados en el caso. La sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia está a cargo de la pesquisa, que se ha intensificado en respuesta a las denuncias de numerosos estadounidenses que se consideran víctimas de la operación.
El estudio jurídico estadounidense Burwick Law también ha anunciado su intención de presentar una demanda colectiva antes del 14 de abril, sumándose a la denuncia presentada por la firma argentina Moyano & Asociados. Esta situación ha generado una creciente preocupación en Casa Rosada, donde la administración Milei se enfrenta a múltiples frentes de batalla.
El escándalo ha revelado conexiones preocupantes entre el entorno presidencial y la promoción de la criptomoneda, con testimonios que sugieren que se pedían coimas a empresarios para acceder a reuniones con Milei. Karina Milei ha sido identificada como una de las figuras clave en este entramado, lo que añade una capa de complejidad a la crisis que enfrenta el gobierno.
Sergio Morales, quien ha sido identificado como un actor central en la investigación, se presentó como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación” y ha estado involucrado en el asesoramiento sobre blockchain y criptomonedas. En un borrador de contrato que se pretendía firmar con el estado argentino, Morales figuraba como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”.
Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, pero las especulaciones apuntan a que plataformas como Kraken, ByBit y Solana, vinculadas a la comercialización de Libra, podrían recibir citaciones para entregar datos sobre usuarios y billeteras sospechosas.
La repercusión internacional del escándalo sigue creciendo. Publicaciones como The New York Times y The Wall Street Journal han informado sobre las denuncias de sobornos y la amenaza de demandas que enfrenta tanto Milei como Davis, uno de los creadores de Libra, con un costo potencial de hasta 250 millones de dólares.
La situación en Casa Rosada es crítica, y la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. podría tener implicaciones significativas para la administración Milei. A medida que avanza la pesquisa, la presión sobre el gobierno se intensifica, lo que podría repercutir en el futuro político de Javier Milei y su equipo. La crisis por el caso Libra no solo cuestiona la integridad del gobierno, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión de la criptomoneda y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
