La reciente declaración del presidente argentino, Javier Milei, sobre la posibilidad de bajar la edad mínima para imputar delitos y juzgar penalmente a menores hasta los diez años ha desatado un intenso debate en la sociedad. En una entrevista con el canal LN+, Milei no solo defendió su proyecto de reducir la edad de punibilidad de 16 a 13 años, sino que también sugirió que podría considerarse una edad aún más baja, un planteamiento que muchos consideran inhumano y peligroso.
Un Debate Controversial
En Argentina, la ley actualmente establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. Aquellos que tienen entre 16 y 18 años solo pueden ser juzgados por delitos graves y pueden comenzar a cumplir penas en prisión a partir de los 18 años. Este marco legal busca proteger a los jóvenes de un sistema penal que, a menudo, no tiene en cuenta su desarrollo emocional y psicológico. La propuesta de Milei, que sugiere que la edad de imputabilidad podría ser tan baja como diez años, ignora las evidencias y recomendaciones de expertos en desarrollo infantil y justicia juvenil.
La idea de juzgar a niños tan pequeños no solo es controvertida, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de un menor de diez años para comprender la naturaleza de sus actos y las consecuencias de los mismos. La criminalización de la infancia no resuelve los problemas de violencia y delincuencia, sino que los agrava, al empujar a los niños a un sistema que no está diseñado para su rehabilitación y bienestar.
La Necesidad de Enfoques Alternativos
En lugar de adoptar medidas punitivas que atacan a los más vulnerables, lo que Argentina realmente necesita son reformas que se centren en la contención y atención psiquiátrica de los menores. La implementación de programas de rehabilitación y apoyo psicológico es fundamental para abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil. La criminalización de los niños solo perpetúa un ciclo de violencia y marginación que es difícil de romper.
La propuesta de Milei también ignora el contexto social y económico que puede llevar a un niño a delinquir. La pobreza, la falta de oportunidades y el entorno familiar son factores que contribuyen significativamente a la conducta delictiva en los jóvenes. Al centrarse en castigar a los niños en lugar de proporcionarles el apoyo que necesitan, el gobierno está fallando en su deber de proteger a los más vulnerables.
Un Llamado a la Reflexión
Es imperativo que la sociedad argentina reflexione sobre las implicaciones de las propuestas de Milei y exija un enfoque más humano y comprensivo hacia la justicia juvenil. La protección de los derechos de los niños y adolescentes debe ser una prioridad, y cualquier reforma en este ámbito debe basarse en principios de rehabilitación y no de castigo.
La criminalización de la infancia es una locura que no solo es inhumana, sino que también es contraproducente. En lugar de construir un futuro más seguro para todos, se corre el riesgo de crear una generación de jóvenes atrapados en un sistema que no les ofrece ninguna esperanza de redención. Argentina debe buscar caminos que promuevan la inclusión y el apoyo, en lugar de la exclusión y el castigo.
Conclusión
La propuesta de Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad a diez años es un reflejo de un enfoque punitivo que no aborda las raíces de la delincuencia juvenil. Es crucial que el país priorice la salud mental y el bienestar de sus niños, implementando políticas que fomenten su desarrollo y reintegración en la sociedad. La atención y la contención son las verdaderas respuestas a los desafíos que enfrenta la juventud argentina, no la criminalización.
