En un reciente comentario público, el economista Roberto Cachanosky ha puesto de manifiesto una preocupación que se repite constantemente en la escena política de nuestro país: la necesidad de transparencia en los acuerdos que se realizan con organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cachanosky destaca la importancia de que el Congreso no apruebe acuerdos con el FMI sin conocer detalladamente sus términos, aludiendo a los principios básicos de una república y el liberalismo.

La esencia de este planteamiento se centra en la transparencia y rendición de cuentas del gobierno ante el pueblo y sus representantes. Un compromiso económico de tal magnitud, sin el conocimiento y el debate previo en el Congreso, podría insinuar una concentración indebida de poder en el ejecutivo, lo que es contrario a los principios republicanos y liberales.

Cachanosky argumenta que aceptar tales condiciones equivale a instaurar un régimen donde el presidente actúe como un “emperador”, con el Congreso otorgándole “cheques en blanco”. Desde este punto de vista, se advierte sobre el peligro de erosionar las instituciones democráticas al permitir decisiones unilaterales sin el debido escrutinio legislativo.

Esta postura refleja un debate más amplio sobre el equilibrio de poderes en una república. La separación de poderes no sólo es esencial para una democracia saludable, sino que también fortalece la toma de decisiones informadas y representativas. Cuando se trata de políticas económicas, especialmente aquellas que involucran la deuda externa y el financiamiento internacional, es crucial que los representantes del pueblo tengan la oportunidad de discutir y evaluar las implicaciones de tales acuerdos.

El liberalismo, en su esencia, promueve la libertad individual y la limitación del poder del estado. Sin embargo, esta libertad no puede ser plena si los ciudadanos no están informados sobre las decisiones que afectan su bienestar económico. La falta de transparencia en los acuerdos con el FMI puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones, lo que a su vez puede resultar en un debilitamiento del tejido social y político.

Además, la historia nos ha enseñado que los acuerdos con organizaciones internacionales a menudo vienen acompañados de condiciones que pueden ser perjudiciales para la economía local. Estas condiciones, que pueden incluir recortes en el gasto público, reformas laborales o ajustes fiscales, deben ser discutidas y comprendidas a fondo antes de ser aceptadas. Un debate abierto y transparente no solo permite que se escuchen diversas opiniones, sino que también brinda la oportunidad de considerar alternativas que puedan ser más beneficiosas para la población.

En este contexto, es fundamental que los ciudadanos se involucren en el proceso político y exijan claridad sobre los acuerdos económicos que se están negociando. La participación activa de la sociedad civil, junto con un Congreso que actúe como verdadero representante de la voluntad popular, puede garantizar que se tomen decisiones que prioricen el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses externos.

En conclusión, el llamado de Roberto Cachanosky a la transparencia en los acuerdos con el FMI es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas en la política económica. La democracia y el liberalismo prosperan en un ambiente donde la información fluye libremente y donde los ciudadanos tienen voz en las decisiones que los afectan. Solo a través de un proceso transparente y participativo podremos construir un futuro económico que sea justo y sostenible para todos.