La reciente decisión del presidente Javier Milei de formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ha provocado un fuerte rechazo no solo en la oposición, sino también entre sus propios aliados en el Congreso. Esta maniobra, que busca evitar el debate legislativo y la aprobación formal del acuerdo, ha generado un clima de tensión y descontento en los pasillos de la Cámara Baja.

Desde el anuncio, figuras clave como Miguel Pichetto han expresado su malestar, considerando que el gobierno está eludiendo la necesaria discusión democrática que este tipo de acuerdos requiere. A pesar de que la oposición no cuenta con los dos tercios necesarios para anular el decreto, el descontento se ha extendido entre los aliados del oficialismo, quienes se sienten incómodos ante la falta de transparencia y el uso de un DNU para un tema de tal envergadura.

En el bloque de Encuentro Federal, Nicolás Massot ha tomado la delantera en la oposición a esta decisión, buscando persuadir a sus colegas sobre la importancia de que el pacto con el FMI sea debatido y aprobado en el Congreso. La preocupación es palpable; legisladores han manifestado que al menos la mitad del bloque podría unirse al rechazo del decreto, lo que podría complicar aún más la situación para Milei.

Asimismo, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO han mostrado posturas divididas, con algunos miembros apoyando un acuerdo con el FMI, pero cuestionando la forma en que se está llevando a cabo. La falta de claridad sobre el contenido del acuerdo y el procedimiento adoptado por el Ejecutivo son puntos críticos que han llevado a la UCR a considerar un debate interno sobre el tema.

La situación es aún más delicada considerando el contexto político actual, marcado por el escándalo del Criptogate, que ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno. La decisión de Milei de avanzar por la vía del DNU podría debilitar aún más su posición y la de sus aliados, quienes han respaldado sus decisiones en el pasado.

Por otro lado, el desafío para la oposición radica en conseguir los dos tercios necesarios para tumbar el decreto, lo que se presenta como una tarea complicada. Sin embargo, el descontento creciente entre los aliados podría abrir un espacio para el diálogo y la negociación, algo que Milei parece estar evitando.

El FMI, aunque no exige una ley formal para el acuerdo, sí demanda consenso y claridad. La falta de un debate legislativo podría tener repercusiones negativas no solo para el gobierno, sino también para la estabilidad económica del país. La incertidumbre sobre el contenido del acuerdo y la forma en que se está manejando la situación han llevado a algunos legisladores a buscar asesoramiento legal, cuestionando si el DNU cumple con la legislación vigente.

En conclusión, la decisión de Milei de avanzar con un DNU para el acuerdo con el FMI ha generado un clima de tensión en el Congreso, evidenciando la fragilidad de su gobierno y la necesidad de construir consensos. La falta de apoyo, incluso entre sus aliados, podría complicar su agenda política y económica, poniendo en riesgo la estabilidad que busca establecer en su gestión. La situación requiere un diálogo abierto y una reconsideración de las estrategias adoptadas, para evitar un mayor deterioro de la confianza tanto en el gobierno como en las instituciones democráticas.