La reciente gira de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones en torno a su acercamiento a empresas mineras, particularmente a Panamerican Silver. Durante su visita a Canadá, Milei se reunió con CEOs de empresas que buscan invertir en proyectos de megaminería en Argentina, lo que ha encendido alarmas en diversos sectores de la población y ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente en la provincia de Chubut.

La negociación con Panamerican Silver para el Proyecto Navidad, a pesar de la prohibición vigente en virtud de la ley 5001, representa un claro desafío a las normativas que buscan proteger los recursos naturales de la región. La postura del gobierno provincial, liderado por Ignacio Torres, quien ha manifestado que la megaminería no está en agenda, contrasta con las acciones de Milei, que parecen indicar una apertura hacia el extractivismo, lo que podría desestabilizar el delicado equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

El RIGI (Reglamento de Inversiones en Grandes Infraestructuras) y la Ley Bases, aprobados recientemente, han sido criticados por su enfoque proempresarial, que favorece a las multinacionales a expensas de los derechos y la salud de las comunidades locales. Este marco legal permite deducciones fiscales y beneficios aduaneros que, lejos de promover un desarrollo sostenible, fomentan un modelo extractivista que prioriza el lucro inmediato sobre la protección de los bienes comunes.

La explotación de recursos como el uranio y la arena silícea, además de implicar riesgos ambientales significativos, plantea serias preguntas sobre la salud pública. La falta de estudios de impacto ambiental adecuados y la ausencia de consultas a las comunidades afectadas son indicativos de un proceso que ignora las voces de quienes realmente habitan y dependen de estas tierras.

La minería, en su forma más agresiva, ha demostrado ser una actividad destructiva que contamina el agua, el aire y el suelo, dejando a su paso pasivos ambientales que las futuras generaciones deberán enfrentar. La experiencia de otros países que han sufrido las consecuencias de la minería irresponsable debería servir como una advertencia clara de los riesgos que se corren al permitir que las multinacionales operen sin una supervisión adecuada.

La propuesta de Karina Milei y su equipo de avanzar en proyectos extractivistas en Chubut no solo es cuestionable desde el punto de vista ambiental, sino que también plantea serias dudas sobre la ética de sus negociaciones, especialmente en el contexto de las acusaciones de corrupción que enfrenta. La falta de transparencia y el apuro por implementar estos proyectos son señales de alarma que no deben ser ignoradas.

Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones ambientales y las comunidades locales se unan para exigir una revisión exhaustiva de estas políticas y un compromiso real con la sostenibilidad. La defensa de nuestros recursos naturales no puede ser sacrificada en el altar del desarrollo económico a corto plazo. En lugar de abrir las puertas a un modelo extractivista que beneficia a unos pocos, debemos abogar por un enfoque que priorice el bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente.

La situación actual en Chubut es un llamado a la acción. No podemos permitir que intereses corporativos dicten el futuro de nuestras tierras y nuestras vidas. Es hora de exigir un cambio en la política extractivista y de construir un modelo que respete y valore nuestros recursos naturales, en beneficio de todos.