En un giro alarmante de la política de salud en Argentina, el presidente Javier Milei ha tomado la controvertida decisión de eliminar el Instituto Nacional del Cáncer (INC), una institución vital que ha trabajado incansablemente desde su creación en 2010 para abordar uno de los problemas de salud más críticos del país. Esta medida no solo representa un ataque directo a la atención oncológica, sino que también plantea serias preguntas sobre la visión del gobierno hacia la salud pública y la vida humana.

El INC fue establecido con el objetivo de diseñar e implementar políticas públicas para la prevención y el control del cáncer, una enfermedad que afecta a miles de argentinos cada año. Su eliminación, bajo el pretexto de “eliminar duplicidades” y “mejorar la eficiencia”, es una justificación que carece de fundamento cuando se considera la complejidad y la gravedad de la atención oncológica. La salud no puede ser tratada como un mero asunto administrativo; es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido.

Las afirmaciones del Ministerio de Salud de que esta medida mejorará la atención a los pacientes oncológicos son, en el mejor de los casos, optimistas y, en el peor, engañosas. Los recientes despidos de médicos en áreas críticas como Vacunas, Tuberculosis, VIH y Lepra, así como la supresión del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, son señales de un desmantelamiento sistemático de la infraestructura de salud pública. La eliminación de estos programas no solo disminuye la calidad de la atención, sino que también expone a los pacientes a un mayor sufrimiento y a la falta de recursos esenciales.

La decisión de Milei de recortar estos servicios se enmarca en una ideología que parece priorizar la reducción de costos sobre la vida humana. Su aparente desprecio por los enfermos en estado crítico y los jubilados, a quienes considera una “pérdida económica”, refleja una visión utilitarista y deshumanizada de la sociedad. En lugar de garantizar el acceso a tratamientos y cuidados necesarios, el gobierno parece dispuesto a sacrificar a los más vulnerables en nombre de una eficiencia económica cuestionable.

Las consecuencias de estas políticas son inminentes y devastadoras. La falta de acceso a medicamentos y tratamientos para pacientes oncológicos, sumado a la eliminación de programas de cuidados paliativos, llevará inevitablemente a un aumento en la prevalencia del cáncer y a un sufrimiento innecesario para miles de argentinos. La comunidad médica ha expresado su preocupación y ha advertido sobre el impacto negativo que estas decisiones tendrán en la salud pública.

La eliminación del INC y el desmantelamiento de programas de salud son solo algunos ejemplos de un enfoque que ignora las necesidades de la población y prioriza una agenda política que parece estar más interesada en el ahorro fiscal que en el bienestar de los ciudadanos. Es imperativo que la sociedad argentina se una para exigir un cambio en esta dirección, para que se reconozca el valor de cada vida y se garantice el acceso a una atención médica digna y efectiva.

En conclusión, la gestión de Javier Milei en el ámbito de la salud pública es un claro indicativo de una falta de empatía y de una visión distorsionada de lo que significa cuidar de una nación. La salud no es un gasto, es una inversión en el futuro de Argentina. Es hora de que los ciudadanos se levanten y demanden un compromiso real con la salud y el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. La vida humana no puede ser medida en términos económicos; es un valor intrínseco que debe ser protegido a toda costa.