El presidente Javier Milei ha dado un paso significativo hacia la agilización de la venta de propiedades públicas en Argentina al firmar un nuevo decreto que modifica el funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta medida, anunciada el 10 de marzo de 2025, permite la intervención de bancos públicos y agentes financieros en los procesos de tasación y subasta de inmuebles estatales, un cambio que busca optimizar la gestión de los bienes del Estado Nacional.

Un Cambio Necesario

El Decreto 176/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que es necesario ampliar los métodos utilizados para realizar tasaciones y subastas. Hasta ahora, la participación de entidades bancarias en estas operaciones estaba limitada a casos excepcionales, lo que a menudo ralentizaba el proceso. Con la nueva normativa, las entidades bancarias públicas y otros agentes financieros podrán fijar el canon por el uso de inmuebles estatales, facilitando así una gestión más ágil y eficiente.

Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentan que esta reforma permitirá acelerar tanto la fijación de cánones como las ventas a través de subastas o licitaciones públicas. Esto es parte de un enfoque más amplio hacia la desinversión de activos estatales, que busca reducir costos y mejorar la eficiencia del Estado.

Contexto de la Reforma

En octubre de 2024, el presidente Milei ya había firmado el Decreto 950/24, que habilitó a la AABE a vender, disponer o transferir un total de 309 inmuebles del Estado Nacional. Entre las transacciones más destacadas se encuentra la venta de un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una operación que se concretó en diciembre y que refleja el compromiso del gobierno con la reducción de activos considerados “innecesarios”.

La política de enajenación de bienes estatales se justifica en la necesidad de evitar costos asociados al mantenimiento de propiedades ociosas. El gobierno sostiene que esta estrategia no solo busca eficientizar el rol del Estado, sino también contribuir a la superación de la crisis económica que enfrenta el país.

Implicaciones para el Mercado

El listado de propiedades que ahora podrán ser comercializadas incluye terrenos baldíos, cocheras, lotes ferroviarios, portuarios e industriales, plantas de silo, campos y edificios urbanos. La posibilidad de que bancos y agentes financieros participen en la tasación y venta de estos inmuebles promete hacer el proceso más ágil y accesible, lo que podría atraer a más inversores y revitalizar el mercado inmobiliario estatal.

Conclusión

La firma del Decreto 176/2025 por parte de Javier Milei es un paso audaz hacia la modernización y optimización de la gestión de bienes estatales en Argentina. Al permitir una mayor participación del sector financiero en la tasación y subasta de propiedades, el gobierno busca no solo reducir costos, sino también impulsar la economía en un contexto de crisis. A medida que se implementen estos cambios, será crucial observar cómo afectan al mercado inmobiliario y a la administración de los recursos del Estado en el futuro.