La economía argentina ha estado marcada por un conflicto distributivo estructural desde la crisis de 1930. Este conflicto, que surge de la brecha entre las aspiraciones salariales de los trabajadores y las posibilidades productivas del país, se ha agudizado con la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023. Su gestión se ha caracterizado por un ajuste fiscal severo, desregulación y liberalización del mercado cambiario, lo que ha tenido un impacto significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores y en el consumo interno.

La Estrategia de Ajuste Fiscal

El gobierno de Milei ha implementado un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de reducir el déficit y lograr un equilibrio sostenible. Esto ha incluido recortes en el gasto público, la congelación de la obra pública y la disminución de subsidios energéticos y al transporte. Aunque estas medidas han permitido alcanzar un superávit fiscal y mejorar la credibilidad financiera del país, el costo social ha sido alto, evidenciado por la caída del consumo, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza.

A pesar de estos efectos negativos, Milei sostiene que su modelo permitirá una estabilidad a largo plazo. La eliminación de controles de precios y la apertura de la economía, según su visión, deberían conducir a un ciclo de crecimiento sostenido. Sin embargo, la historia de lucha sindical en Argentina y la rigidez de las expectativas salariales pueden desencadenar un nuevo ciclo de tensiones sociales que obstaculicen sus reformas.

Teoría del Conflicto Distributivo

Desde la perspectiva de la teoría del conflicto distributivo estructural, la estrategia de Milei es arriesgada. El tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, que busca mantener el pleno empleo y un balance de pagos sostenible, a menudo se encuentra por encima del tipo de cambio real de equilibrio social, que permite a los trabajadores alcanzar un salario justo. Esto genera un conflicto distributivo: una devaluación del peso, como la promovida por Milei, puede mejorar la competitividad de los exportadores, pero también erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los precios de bienes y servicios tienden a aumentar más rápidamente que los salarios.

Este desajuste no solo afecta el consumo, sino que también puede provocar descontento social, presionando a los trabajadores a demandar aumentos salariales, lo que a su vez puede alimentar la inflación. La historia económica de Argentina muestra que cada intento de ajuste estructural ha generado respuestas sociales que han derivado en crisis políticas y económicas, desde el “Rodrigazo” de 1975 hasta la crisis de 2001.

La Necesidad de un Enfoque Equilibrado

Para resolver el conflicto distributivo, Milei debería implementar mecanismos que amortigüen el impacto de la devaluación sobre los salarios reales. Esto podría incluir transferencias focalizadas a los sectores más vulnerables, acuerdos de productividad que vinculen salarios con mejoras en la competitividad y una política fiscal más equilibrada que no dependa exclusivamente del ajuste. La creación de un entorno donde el tipo de cambio macroeconómico esté alineado con el tipo de cambio social es esencial para evitar tensiones que puedan llevar a crisis.

Una estrategia de estabilización creíble también requiere una política monetaria que controle la inflación sin profundizar la recesión, facilitando una transición ordenada hacia un nuevo equilibrio. Sin estas medidas, el riesgo es que la presión social fuerce una corrección abrupta de las políticas, reabriendo un ciclo de inestabilidad.

Conclusión

Si Javier Milei desea evitar que el conflicto distributivo escale a una crisis, debe equilibrar sus políticas de ajuste con medidas que protejan el empleo y los ingresos. La historia económica argentina sugiere que los ajustes puros, sin pactos sociales o políticas industriales que contemplen las necesidades de los trabajadores, no logran reconciliar los equilibrios macroeconómicos y sociales.

La economía argentina sigue en aguas turbulentas, y su desenlace dependerá de la capacidad del gobierno para implementar un enfoque que no solo busque la estabilidad macroeconómica, sino que también garantice el bienestar de sus ciudadanos. La historia está por escribirse, y el futuro de la economía argentina podría estar en juego.