El reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desatado un fuerte rechazo en el ámbito político argentino. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, ha tomado la delantera en la oposición al calificar esta medida como ilegal y ha denunciado penalmente al presidente por su emisión.

Marino argumenta que el DNU contradice la Ley 27.612, que estipula que cualquier acuerdo de financiamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso. “El artículo 75 de la Constitución es claro: la deuda externa es facultad del Poder Legislativo, no del Ejecutivo”, enfatizó durante una entrevista. Esta afirmación subraya la preocupación de la oposición sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y el posible debilitamiento de las instituciones democráticas.

A pesar de que el gobierno justificó la urgencia del DNU con la situación económica del país, Marino señala una contradicción en el discurso oficial. “Decían que la macroeconomía estaba ordenada, pero ahora sostienen que hay una crisis urgente que justifica el DNU”, declaró, sugiriendo que la verdadera motivación detrás del acuerdo podría ser evitar una devaluación del peso argentino antes de las elecciones legislativas de 2025. Esta estrategia, según Marino, recuerda a las prácticas del ministro Luis Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.

La crítica de Marino se extiende a la falta de transparencia en el acuerdo, ya que el gobierno no ha presentado los términos exactos ni las condicionalidades del mismo. “No sabemos los términos del acuerdo, pero sí sabemos que generará una mayor subordinación al FMI”, afirmó, destacando la preocupación sobre el compromiso del país con el organismo internacional sin un debate legislativo adecuado.

La estrategia del gobierno de Milei de utilizar un DNU, que solo requiere la aprobación de una de las dos cámaras del Congreso para mantenerse vigente, ha sido objeto de crítica. Marino argumenta que, si se hubiera optado por un proyecto de ley, se habría requerido el aval de ambas cámaras, lo que podría haber garantizado un debate más amplio y una mayor legitimidad al acuerdo.

Marino y su bloque están decididos a frenar el DNU, confiando en que puedan movilizar a otros sectores de la oposición para lograr su rechazo. “Así como bloqueamos el DNU de los fondos reservados para la SIDE, podemos frenar este”, concluyó, reflejando la determinación de la oposición para defender el proceso legislativo y la transparencia en la gestión de la deuda externa.

En resumen, la denuncia de Juan Marino resalta no solo la controversia legal en torno al DNU de Milei, sino también las implicaciones más amplias para la democracia y la economía argentina. La falta de debate y transparencia en un acuerdo de tal magnitud plantea serias preguntas sobre el futuro del país y su relación con el FMI. La situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión política, donde el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son más cruciales que nunca.