Buenos Aires (EFE) – La reciente marcha de apoyo a los jubilados en Argentina ha desatado una fuerte controversia, con el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, calificando la manifestación de “una especie de golpe de Estado”. La movilización, que reunió a hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, dejó un saldo de 46 heridos y 124 detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.

Contexto de la Manifestación

Los jubilados, quienes se congregan cada miércoles frente al Congreso, exigen la actualización de sus pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que se encuentra a punto de vencer. La situación se intensificó tras un incidente violento en la marcha anterior, donde un aficionado de 75 años del club Chacarita Juniors fue agredido por la policía, lo que motivó una mayor participación en la protesta.

Durante la manifestación del miércoles, los jubilados cortaron pacíficamente las calles aledañas al Palacio Legislativo, pero la situación se tornó violenta cuando la policía, armada con gases lacrimógenos y bastones, cargó contra los manifestantes.

Declaraciones del Gobierno

En declaraciones a Radio Mitre, Francos afirmó que la marcha estaba “totalmente organizada” y que su objetivo era desestabilizar al gobierno. Según él, los manifestantes eran grupos políticos que buscaban cuestionar un gobierno que, según sostiene, está dando soluciones a los problemas heredados de administraciones anteriores. “No encuentran un elemento para poder cuestionar a un Gobierno que está dando soluciones”, declaró.

Además, Francos criticó a la Justicia por liberar a los detenidos, argumentando que esto dificulta la lucha contra la violencia organizada de sectores extremos en el país. “Si se entiende la ley de esa manera, es difícil combatir la violencia organizada”, expresó.

Respuesta Judicial y Policial

La jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de Buenos Aires, ordenó la liberación inmediata de los detenidos, argumentando que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Este fallo ha generado una reacción negativa por parte del gobierno, que ha calificado a los manifestantes como “criminales organizados”.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien dirigió el operativo policial, también criticó la decisión judicial y anunció que el gobierno tomará medidas contra la jueza por permitir la liberación de los detenidos.

Conclusión

La situación en Argentina continúa siendo tensa, con un creciente descontento social en torno a las políticas del gobierno y la crisis de los jubilados. La respuesta del gobierno a las manifestaciones y la crítica a la justicia por la liberación de los detenidos reflejan un clima de polarización y confrontación en el país. La movilización de los jubilados y su apoyo por parte de diversos sectores de la sociedad indican que la lucha por sus derechos está lejos de terminar, y que el gobierno deberá enfrentar un desafío significativo para mantener la estabilidad social.