En medio de un clima de creciente tensión social y protestas, Francisco Oneto, abogado de Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra, ha sugerido que el gobierno podría considerar la declaración del estado de sitio. Durante una entrevista en Radio Con Vos, Oneto argumentó que esta medida permitiría al Ejecutivo “tomar control absoluto de las calles” ante lo que él califica como un “estado de conmoción interna”. Sin embargo, la posibilidad de implementar esta medida se enfrenta a límites constitucionales claros.

La advertencia de Oneto se produce en un contexto de malestar social creciente, especialmente tras la reciente marcha de jubilados que generó preocupación en el Ministerio de Seguridad. Este ministerio ya está reforzando su operativo de seguridad en anticipación a la movilización programada para el 19 de marzo. Desde el oficialismo, se han lanzado acusaciones hacia hinchas de fútbol y sectores opositores, a quienes se responsabiliza de una supuesta intención de desestabilización, aunque sin presentar pruebas concretas.

La Constitución y el Estado de Sitio

El artículo 23 de la Constitución Nacional establece que el estado de sitio solo puede ser decretado por el presidente en casos de conmoción interna o ataque exterior, pero esta decisión requiere la aprobación del Congreso. Las facultades delegadas a Milei por la Ley Bases de 2024 no incluyen la posibilidad de declarar un estado de sitio sin la intervención parlamentaria. Hasta el momento, el presidente no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, limitándose a expresar su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y citando a Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de defensa.

Desde el regreso de la democracia en Argentina, el estado de sitio ha sido declarado solo una vez: en diciembre de 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en un contexto de crisis económica y social que culminó en su renuncia. Esta medida, que ha sido un fantasma en la historia argentina, evoca recuerdos de épocas oscuras, como la dictadura militar (1976-1983), cuando se mantuvo un estado de sitio permanente, suspendiendo derechos constitucionales y llevando a cabo una política de terror de Estado.

Un Eco del Pasado

El uso del estado de sitio en la Argentina ha estado históricamente asociado a momentos de crisis extrema y represión. Durante la dictadura militar, se suspendieron derechos fundamentales y se llevaron a cabo violaciones sistemáticas de derechos humanos. En los gobiernos democráticos posteriores, aunque hubo intentos de recurrir a esta medida, la memoria colectiva y la resistencia social han hecho que su aplicación sea vista con desconfianza y temor.

La declaración del estado de sitio por parte de Milei, aunque sugerida por su abogado, no solo enfrentaría obstáculos legales, sino que también podría desencadenar una fuerte reacción social y política. La historia reciente de Argentina nos recuerda que la suspensión de garantías constitucionales es un camino peligroso, que puede llevar a un ciclo de violencia y represión.

Conclusión

A medida que se intensifican las protestas y la tensión social en Argentina, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una encrucijada. La posibilidad de declarar un estado de sitio, aunque planteada por su abogado, se enfrenta a limitaciones constitucionales y a la historia reciente del país. La respuesta del gobierno a las movilizaciones y su capacidad para gestionar el descontento social sin recurrir a medidas extremas será crucial para la estabilidad política y social en el futuro inmediato. En este contexto, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.