El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha dado un nuevo paso en su ambiciosa agenda de reducción del tamaño del Estado y control del déficit fiscal. A través de un decreto oficial, se ha autorizado la “privatización total” de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampas y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. Esta medida marca un cambio significativo en la gestión de servicios públicos en Argentina, reflejando la voluntad del gobierno de disminuir la intervención estatal en sectores clave.

El decreto, firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que el 100% de las acciones de Intercargo serán puestas a la venta mediante un proceso de licitación. La privatización implicará la rescisión del contrato con el Estado argentino, que deberá garantizar que la transición no afecte la continuidad del servicio, un aspecto crucial dado el impacto que esta empresa tiene en la experiencia de los pasajeros en los aeropuertos.

La decisión de privatizar Intercargo se enmarca en un contexto económico complicado. Según el decreto, entre 2020 y 2023, la empresa estatal requirió asistencia del gobierno nacional por un monto aproximado de 6.700 millones de pesos (alrededor de 6,2 millones de dólares) para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener los estándares de calidad y seguridad exigidos en sus operaciones. Esta dependencia financiera ha llevado al gobierno a considerar la privatización como una solución para aliviar la carga sobre las arcas del Estado.

La privatización de Intercargo no es un hecho aislado. En noviembre del año pasado, el gobierno ya había desregulado el servicio de rampas en respuesta a un conflicto sindical que resultó en una tensa situación en el aeropuerto de Buenos Aires, donde aproximadamente 2.000 personas quedaron atrapadas dentro de aviones durante horas. Este conflicto laboral culminó en el despido de unos 15 empleados de la compañía, lo que evidenció la necesidad de una reestructuración en el sector.

La política de Milei se ha centrado en reducir el gasto público y fomentar la participación del sector privado en áreas donde el Estado ha tenido un papel predominante. La privatización de Intercargo podría ser vista como un modelo a seguir para otras empresas estatales, en un esfuerzo por promover la eficiencia y la competitividad en la economía argentina.

Sin embargo, la medida también suscita preocupaciones sobre el impacto que tendrá en los trabajadores de la empresa y en la calidad del servicio prestado a los usuarios. La transición hacia la privatización requerirá una cuidadosa gestión para evitar interrupciones en el servicio y asegurar que los derechos de los empleados sean protegidos.

En resumen, la privatización de Intercargo representa un paso decisivo en la estrategia de Javier Milei para transformar la economía argentina y reducir la carga del Estado. A medida que avanza este proceso, será fundamental observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué implicaciones tendrá para el futuro del sector aéreo en el país.