La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de reducir los aranceles de importación para productos textiles, indumentaria y calzado ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial argentino. La Unión Industrial Argentina (UIA), la principal patronal del país, ha emitido una advertencia sobre las posibles consecuencias negativas que esta medida podría acarrear para el empleo y la producción de la industria nacional.

El anuncio, realizado el pasado viernes, establece una reducción de aranceles que va del 35% al 20% para la ropa y el calzado, del 26% al 18% para las telas, y de diversos hilados que verán una disminución de entre el 12% y el 18%. El gobierno justifica esta política como un intento de bajar los precios en el mercado interno y fomentar la competencia, argumentando que las prendas de marcas internacionales son significativamente más caras en Argentina que en otros países, como España y Brasil.

Sin embargo, la UIA ha cuestionado la efectividad de esta medida, señalando que el sector textil e indumentaria ya enfrenta desafíos considerables, incluyendo el comercio ilegal, el contrabando y la falsificación de marcas. En un comunicado, la organización destacó que, a pesar de la inflación generalizada en el país, los precios de las prendas de vestir y calzado solo aumentaron un 0,4% en febrero en comparación con enero, lo que sugiere que la situación no es tan crítica como el gobierno ha planteado.

La preocupación por el empleo es palpable. Durante el año pasado, se estima que se perdieron aproximadamente 30.000 empleos industriales, de los cuales cerca de 10.000 pertenecen a la cadena de productos textiles, indumentaria y calzado. La UIA advierte que una apertura indiscriminada del mercado, sin antes equilibrar las condiciones locales, podría acelerar la pérdida de empleos y aumentar la informalidad laboral en el sector.

Este contexto de ajuste severo en Argentina, sumado a la incertidumbre económica, plantea un escenario complicado para los trabajadores de la industria textil. La UIA ha instado al gobierno a considerar el impacto a largo plazo de sus decisiones, sugiriendo que una estrategia de apertura comercial debe ser acompañada de medidas que protejan y fortalezcan la producción local.

En resumen, la rebaja arancelaria anunciada por el gobierno de Milei ha desatado un debate crucial sobre la sostenibilidad del empleo en el sector textil argentino. La UIA ha dejado claro que, sin un enfoque equilibrado que tome en cuenta las realidades del mercado local, esta política podría tener consecuencias devastadoras para la industria y sus trabajadores. La situación exige un diálogo constructivo entre el gobierno y el sector empresarial para encontrar soluciones que beneficien tanto a la economía como a la fuerza laboral del país.