La situación de los jubilados en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. Con más de 7 millones de personas recibiendo pensiones, este grupo se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, con muchos de ellos “arañando la línea de pobreza”. Las políticas económicas del gobierno libertario han afectado drásticamente su poder adquisitivo, llevando a una oleada de protestas que resuenan en todo el país.

Gabriela Navarra, una jubilada de 66 años, es un claro ejemplo de esta crisis. Tras participar en una reciente “marcha de los jubilados”, se encontró con la brutalidad policial que dejó a muchos heridos y arrestados. A pesar de haber trabajado más de tres décadas como periodista, su situación económica ha empeorado significativamente. La liberalización de precios y la reducción de fuentes de trabajo han hecho que su jubilación, aunque superior al mínimo, no sea suficiente para cubrir sus gastos básicos. “Perdí la mitad de mis empleos y mi seguro médico aumentó más del 100%”, lamenta Gabriela, quien se ve obligada a ajustar su estilo de vida y a dejar de lado lujos como salir a cenar.

Con la pobreza entre los jubilados alcanzando un 29,7% en el primer semestre de 2024, el panorama es desolador. Dos tercios de los jubilados perciben un haber mínimo que apenas supera la canasta básica, mientras que el costo de los medicamentos se disparó un 240% en el último año. La falta de apoyo estatal y el aumento de tarifas de servicios públicos han convertido a muchos jubilados en personas sin recursos, lo que ha llevado a marchas semanales frente al Congreso para exigir mejores condiciones de vida.

El gobierno de Milei, que argumenta que el sistema previsional es “insostenible”, ha decidido no prorrogar moratorias que permitían a personas sin los aportes necesarios acceder a jubilaciones. Esta medida ha sido criticada por muchos, incluyendo a Gabriela, quien considera que el gobierno está penalizando a quienes dedicaron su vida al cuidado del hogar. “Recriminan haber jubilado a mujeres que cuidaron de sus familias, una tarea fundamental para la economía”, afirma.

Las marchas de los jubilados, que comenzaron en la década de 1990, han cobrado nueva vida bajo el gobierno actual. La represión policial ha aumentado, y el uso de balas de goma y gas lacrimógeno se ha vuelto común en estos encuentros. La violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad ha generado temor entre los manifestantes, llevando a algunos, como Gabriela, a reconsiderar su participación en futuras protestas.

Sin embargo, la solidaridad ha emergido en estas manifestaciones. Hinchas de fútbol de diversos clubes se han unido a las marchas, creando un frente común en defensa de los derechos de los jubilados. Esta unión ha dado lugar a una mayor visibilidad de la problemática, aunque también ha generado tensiones con la policía, que busca controlar el descontento social.

Gabriela, a pesar de su experiencia traumática en la última marcha, se muestra optimista sobre la unión de diferentes sectores en la lucha por mejores condiciones. “Cuantas más personas puedan salir a reclamar, mejor”, reflexiona, recordando que la defensa de los derechos de un grupo vulnerable puede ser el primer paso para proteger a otros en el futuro.

En un contexto donde el 66,1% de los niños argentinos no tiene sus necesidades básicas satisfechas, y donde el gobierno prioriza el control del déficit fiscal sobre el bienestar de los jubilados, la lucha por una vida digna se vuelve cada vez más urgente. Las marchas de los jubilados no solo son un reclamo por mejores pensiones, sino un llamado a la justicia social en un país donde la desigualdad sigue creciendo.