En un giro inesperado de su política económica, el gobierno de Javier Milei ha formalizado la reactivación de la obra pública a través del Decreto 206/2025. Esta decisión, que sorprende a muchos, se produce a pesar de las declaraciones previas del presidente, quien en noviembre de 2023 había afirmado categóricamente que “la obra pública se termina” debido a la falta de fondos y a la corrupción que, según él, caracterizaba al sector.

Durante una entrevista en el canal TN, Milei había expresado su intención de privatizar la obra pública para evitar lo que calificó como “la Cámara Argentina de la Corrupción”, refiriéndose a la Cámara Argentina de la Construcción. En ese momento, el presidente argumentó que la falta de recursos estatales hacía inviable la continuidad de proyectos de infraestructura financiados por el gobierno.

Sin embargo, el nuevo decreto establece un sistema de contrataciones más flexible, creando el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que evaluará la capacidad financiera y los antecedentes de los contratistas. Esta medida busca abrir el juego a nuevos actores en el sector, eliminando barreras que, según el gobierno, habían limitado la competencia y fomentado la corrupción.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, subrayó la intención del gobierno de “romper el club de la obra pública”, lo que implica una intención de democratizar el acceso a las contrataciones estatales y fomentar la transparencia en el proceso. La creación de una base de datos centralizada para las contrataciones es un paso hacia una mayor supervisión y control sobre los proyectos de infraestructura.

Este cambio de rumbo ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y empresarial. Por un lado, algunos ven la reactivación de la obra pública como una oportunidad para impulsar la economía y generar empleo en un contexto de crisis. Por otro lado, hay quienes cuestionan la coherencia de la decisión, dado que Milei había hecho de la crítica a la obra pública y a la corrupción uno de los pilares de su campaña.

La vuelta de la obra pública bajo un nuevo sistema plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas y la capacidad del gobierno para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los proyectos. A medida que se avanza en este nuevo enfoque, será crucial observar cómo se desarrollan las contrataciones y si realmente se logra romper con las prácticas corruptas que Milei había denunciado.

En conclusión, la decisión de Javier Milei de reactivar la obra pública representa un cambio significativo en su política económica y plantea desafíos importantes para su administración. La forma en que se implementen estas nuevas medidas determinará no solo el futuro de la infraestructura en Argentina, sino también la credibilidad del gobierno en su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La evolución de esta situación será un indicador clave de la dirección que tomará la economía argentina en los próximos meses.