La reciente aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del gobierno de Javier Milei ha revelado no solo la falta de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también una alarmante desconexión con la realidad que enfrentan millones de argentinos, especialmente los jubilados. La jornada del 22 de marzo, marcada por una marcha que prometía ser un grito de protesta por los derechos de los adultos mayores, terminó desdibujada por la represión y el espectáculo político que se desarrolló dentro del Congreso.

El gobierno celebró su “victoria” legislativa en medio de un ambiente tenso, donde los gritos y las chicanas fueron más abundantes que el debate constructivo. Mientras dentro del recinto se aprobaba un decreto que compromete aún más el futuro económico del país, afuera, una marcha que buscaba visibilizar las penurias de los jubilados se desvanecía en un mar de confusión y represión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudó en utilizar tácticas intimidatorias, ofreciendo recompensas por información sobre manifestantes, un claro intento de silenciar cualquier disidencia.

La ironía es que, mientras el gobierno se congratulaba por su “madurez y grandeza” al obtener el apoyo de 129 diputados para el acuerdo con el FMI, los jubilados, que deberían ser el centro de atención y preocupación, quedaron relegados a un segundo plano. Con un jubilado cobrando en marzo 349.122 pesos argentinos, mientras que la canasta básica asciende a 1.200.523 pesos, queda claro que las políticas de Milei no solo son insuficientes, sino que representan un verdadero ataque a la dignidad de quienes trabajaron toda su vida y ahora enfrentan la pobreza.

La represión de la protesta del 12 de marzo, que dejó a un fotógrafo gravemente herido y más de 100 detenidos, parece haber sido un aviso para quienes se atrevan a alzar la voz. La militarización del Congreso y la amenaza de represión son tácticas que Milei ha normalizado, demostrando que su gobierno no tiene interés en escuchar las demandas de la ciudadanía, sino en mantener el control a toda costa. La retórica de “paz, ley y orden” es solo una fachada para encubrir un autoritarismo creciente que amenaza las libertades civiles.

El espectáculo dentro del Congreso, donde los diputados se lanzaban chicanas y acusaciones, es un reflejo de la política de la “casta” que Milei tanto criticaba. Sin embargo, ahora se encuentra en el mismo juego, utilizando la polarización y el caos para desviar la atención de los problemas reales. La aprobación del acuerdo con el FMI no es una victoria, sino una traición a los argentinos que sufren las consecuencias de la crisis económica.

Mientras el oficialismo se regocija, los jubilados y los sectores más vulnerables siguen sin respuestas. La “revancha” de Milei no es más que una farsa que esconde el sufrimiento de millones de ciudadanos. La falta de empatía y la desconexión con la realidad social son características que definen su gestión, y es fundamental que los argentinos no olviden que el verdadero cambio que prometió Milei se ha convertido en un eco vacío de promesas incumplidas.

En conclusión, la administración de Milei se encuentra en una encrucijada: seguir por el camino del autoritarismo y la deshumanización de la política, o escuchar a los ciudadanos y trabajar por un futuro más justo para todos. La lucha por los derechos de los jubilados y la defensa de la democracia están en juego, y es responsabilidad de cada argentino exigir un gobierno que actúe con responsabilidad y respeto hacia su pueblo.