El ajuste brutal implementado por el gobierno de Javier Milei ha dejado cicatrices profundas en el mercado laboral argentino, y es imposible no calificarlo como un verdadero crimen económico contra la población. A pesar de que la tasa de desempleo mostró una ligera disminución en el último trimestre de 2024, los datos revelan una realidad sombría: el país ha perdido cerca de medio millón de puestos de trabajo formales, y la precarización laboral se ha convertido en la norma.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desempleo se situó en un 6,4% en el cuarto trimestre de 2024, una reducción mínima que oculta el drama de 937.000 desocupados en las 31 principales ciudades del país, un aumento alarmante de 115.000 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este leve descenso es una burla para aquellos que han visto cómo sus vidas se desploman bajo el peso de un ajuste que prioriza los intereses de la élite sobre el bienestar de los trabajadores.

El ajuste de ‘shock’ de Milei, que ha llevado al Producto Interno Bruto (PIB) a una caída del 1,7%, ha tenido efectos devastadores en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio, que aún muestran tasas negativas de desempeño. El cierre de 13.211 empresas el año pasado es un testimonio del fracaso de las políticas económicas de este gobierno, y la pérdida de puestos de trabajo asalariados formales —que se redujeron a 6,3 millones— es un claro indicativo de que el sistema está colapsando.

En lugar de crear oportunidades de empleo dignas, Milei ha optado por fomentar la precarización laboral. Mientras que los empleos formales se desvanecen, los trabajos informales se mantienen estancados, representando un 36,1% de los asalariados en Argentina. Además, el aumento en el número de trabajadores por cuenta propia, que subió de 3,5 millones a 3,8 millones, no es una señal de prosperidad, sino un reflejo de la desesperación de aquellos que se ven obligados a buscar alternativas ante la falta de empleo digno.

La retórica de Milei, que prometía un cambio y una reactivación económica, ha resultado ser una fachada para encubrir un ataque sistemático a los derechos laborales. Su gobierno ha priorizado los intereses de los acreedores internacionales y del capital financiero por encima de las necesidades básicas de la población. La falta de políticas que protejan a los trabajadores y la desidia ante el aumento de la pobreza y la desigualdad son, sin duda, acciones que deben ser consideradas criminales.

El ajuste de Milei no solo ha causado estragos en el mercado laboral; ha despojado a millones de argentinos de su dignidad y sus derechos. La precarización del trabajo, el aumento del desempleo y el cierre de empresas son consecuencias directas de un enfoque económico que no tiene en cuenta el bienestar de la población. En este contexto, es fundamental que los ciudadanos se organicen y exijan un cambio radical en la política económica, que priorice el empleo digno y la justicia social.

En conclusión, el gobierno de Javier Milei ha demostrado ser un verdadero criminal en términos económicos, dejando a su paso un rastro de sufrimiento y desesperanza. La lucha por un futuro mejor para los trabajadores argentinos debe continuar, y es responsabilidad de todos alzar la voz contra un gobierno que ha elegido el camino de la opresión y la precarización. La historia juzgará a Milei por sus decisiones, y es nuestro deber asegurarnos de que no se escape impune ante el daño que ha causado a la nación.