El presidente Donald Trump ha dado un paso drástico al anunciar medidas para sancionar a abogados y equipos legales que interpongan demandas contra las políticas migratorias de su administración. A través de un memorando firmado el pasado viernes, Trump acusó a los abogados de fomentar un “fraude desenfrenado” en el sistema migratorio y ha instado a que se tomen medidas punitivas contra aquellos que presenten litigios que él considera “frívolos, irrazonables y vejatorios”.
El documento, divulgado por la Casa Blanca, ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que actúen contra los bufetes y profesionales que desafíen sus políticas. Además, se ha solicitado a la fiscal general, Pam Bondi, que remita a la Casa Blanca los nombres de estos abogados para que se les retiren credenciales y se anulen contratos con el Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha condenado enérgicamente esta medida, advirtiendo que representa un intento de Trump por “desmantelar el Estado de derecho” y “silenciar” a los abogados que buscan exigir responsabilidades al Gobierno por posibles violaciones de derechos. Cecillia Wang, directora legal de la ACLU, calificó la orden como un “ataque sin precedentes” contra los principios de libertad y democracia.
Actualmente, los tribunales federales están evaluando más de un centenar de demandas contra las políticas migratorias de Trump, algunas de las cuales han resultado en decisiones desfavorables para el presidente. Por ejemplo, un juez bloqueó recientemente un intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha recurrido a órdenes ejecutivas para avanzar en su agenda, consolidando el poder del Ejecutivo y desafiando la independencia del poder judicial, que se ha convertido en uno de sus principales obstáculos.
