La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió hoy el pedido del fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar para que se condene a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita.
En u escrito de 10 páginas, Villar sostuvo la postura y los argumentos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que, durante el juicio oral, habían pedido al Tribunal que Cristina reciba una condenada a 12 años de prisión por «asociación ilícita y administración fraudulenta».
Ahora, el fiscal Vidal presentó un «recurso de queja» ante la Corte para insistir en esta condena, pese a que el Tribunal Oral Federal 2 la había condenado sólo a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta. Vale recordar que, en una segunda instancia, Vidal también había intentado que se agravara la pena, en una presentación ante Casación; pero esa Cámara también sostuvo la pena de seis años.
«La decisión de la CFCP luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad», fundamentó el fiscal para objetar el fallo de Casación; en esta nueva presentación ante el máximo tribunal, se acuerdo al texto difundido por el portal de noticias Infobae.
Es importante remarcar que el fiscal también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados.

Fue un saqueo

Esta causa es solo una de las tantas que están abiertas y en proceso de instrucción contra la ex presidente. Pero sin dudas, para los santacruceños este debería ser un episodio central que por sí mismo explica la decadencia de la provincia en los últimos años. Carencia de infraestructura básica, aislamiento entre las localidades y un sistema político corrompido desde la cúspide fue el sello de esta manera fraudulenta de gobernar.
Pese a la importancia de este tema, de los involucrados, que más allá de Lázaro Báez y sus compañías incluyen a funcionarios bien conocidos por los santacruceños, el seguimiento de los medios locales siempre fue paupérrimo. Cómo si los medios de comunicación no se animaran a señalar a los responsables del mayor fraude y saqueo en Santa Cruz.
«Se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal», remarcó el fiscal en su presentación.
Es importante recordar que en el caso se estableció que la expresidenta de la Nación, junto con los otros imputados, entre empresarios y exfuncionarios públicos nacionales y provinciales, intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz-, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.