Un Poder Judicial venal, un sistema político corrupto y un “poder” casi absoluto que gobernó por décadas la provincia, finalmente no pudieron evitar que la verdad saliera a la luz y llegara a una instancia irreversible de justicia. 

Si los santacruceños necesitábamos más pruebas respecto a que en la causa denominada “Vialidad” está descripto -ese verdadero “cáncer” que fue la corrupción en la provincia de la mano del gobierno kirchnerista – lo actuado en estos días por el Juez Federal Julián Ercolini expone aún más los alcances de la connivencia entre el poder político, la justicia y sus favorecidos.  

En este contexto es importante mencionar que este lunes, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso para que se condene a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Villar sostuvo la postura y los argumentos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que, durante el juicio oral, habían pedido al Tribunal que Cristina reciba una condenada a 12 años de prisión por “asociación ilícita y administración fraudulenta”. (ver aparte).

Pero en estos días hubo más novedades respecto a la investigación de los hechos y en otro tramo del expediente que investigó fraudes al Estado por medio de las 51 licitaciones que el empresario Lázaro Báez obtuvo durante el kirchnerismo; el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 personas por su presunta participación en el esquema de corrupción de esa obra pública en Santa Cruz.

Según se conoció Ercolini dictó el procesamiento de José Carlos Pistán, representante de Austral Construcciones S.A., firma emblemática de Lázaro Báez, junto a otros 15 funcionarios vinculados a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz.

En su escrito, el juez federal precisó que existen “instrumentos de convicción” para considerar acreditada la intervención de los distintos procesados en los “hechos disvaliosos” que conforman el objeto de la pesquisa, y que se habrían ejecutado “en el marco de un entramado delictivo”.

De este modo, se abre otro capítulo en esta investigación que busca justicia y condenas; pero que no se debería quedar en el señalamiento y la cárcel; tal vez debamos comenzar a pensar si no sería “necesario y reparatorio” que devuelvan los millones que saquearon a la provincia. 

Hay un detalle que en el escrito de Ercolini no deja dudas de lo ocurrido: “Ese objetivo delictivo, como se vio a lo largo de los primeros apartados, fue planificado por un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, quienes fueron secundados para la ejecución de ese propósito por distintas personas de su confianza, quienes ocuparon cargos jerárquicos dentro de la administración pública nacional”.

En definitiva, la “banda” que ya había sido descrita en el juicio oral en el que Cristina Kirchner fue condenada.

Saqueo sistemático

 “Cabe decir que la maniobra criminal se vio conformada por distintas aristas y etapas que confluyeron hacia un único fin específico que ha sido expuesto y explicado en más de una oportunidad: hacerse ilegítimamente de los fondos que le eran otorgados a la provincia de Santa Cruz para el desarrollo de obra pública vial, a través del beneficio direccionado hacia el empresario Lázaro Antonio Báez». Con estas claras palabras, el juez federal sintetiza lo ocurrido en nuestra provincia.

Queda claro que lo que ocurrió en Santa Cruz tiene una gravedad inusitada por el uso del Estado como fachada para los delitos. Es una “radiografía” de un “modus operandi” de saqueo sistemático, ante al cual debieron pasar décadas para que se avance en su esclarecimiento.

Lo lamentable es que todo esto ocurría ante los ojos del Poder Judicial de Santa Cruz que no solo actuó como partícipe al evitar investigar denuncias, sino que actuó de manea cómplice dando cobertura y refugio a muchos protagonistas del entramado de corrupción.

Pasaron décadas, pero finalmente lenta y tardíamente la justicia Federal comenzó a poner en marcha las investigaciones y ahora, al fin conocemos los nombres de quienes se defecaron en los intereses de los habitantes de Santa Cruz, privándolos de las obras de infraestructura más básica.

Hay que mencionar que los 15 funcionarios imputados por el juez Julián Ercolini en este tramo de la causa Vialidad desempeñaban distintos cargos dentro de la estructura administrativa de la AGVP santacruceña. Nueve de ellos eran directores provinciales: Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Víctor Hugo Paniagua, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato y Juan Gelves. Cinco se desempeñaban como representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN): Elio Enrique González, Gerardo Daniel Mansilla, Claudia Viviana Oliva, Jorge Ricardo Pasiecznik y Alba Lilia Josefa Cabrera. Además, Guillermo Horacio Cantero ocupaba el cargo de vocal técnico dentro del organismo.

La palabra del Juez

En una resolución de 287 páginas, Ercolini repasó los aspectos más sorprendentes y los manejos más audaces realizados con absoluta impunidad. Por ejemplo, el vertiginoso ascenso profesional y financiero de Lázaro Báez, quien pasó de ser empleado bancario a convertirse en el principal contratista de obra pública en Santa Cruz, rubro en el que “no tenía experiencia alguna”.

De igual modo, mencionó el “vertiginoso” crecimiento de su “conglomerado corporativo” desde que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación en 2003 y la “serie de irregularidades” que atravesó a la “totalidad de los procesos licitatorios llevados a cabo” en Santa Cruz con el fin de que Báez “fuera finalmente el adjudicatario y contratista” de las distintas obras viales.

Respecto a los nuevos procesados y los puntos en los que se basó para dictar esta medida, Ercolini remarcó: “Se encuentra acreditado en autos en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación que Guillermo Fabián Torres; Orlando Marino Taboada Ovejero; Jorge Ricardo Pasiecznik; Víctor Hugo Paniagua; Claudia Viviana Oliva; Gerardo Daniel Mansilla; Carlos Alberto Mancilla; Roberto Antonio Lillo; María Lorena Lencina Albornoz; Elio Enrique González; Manuel Ángel Díaz; Juan Carlos Cerrato; Guillermo Horacio Cantero; Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves habrían omitido su deber de cuidar y administrar fielmente los fondos públicos que le fueran otorgados a la AGVP por la Dirección Nacional de Vialidad-, lo que habría perjudicado los intereses que les fueron confiados, al permitir que el conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez obtuviera un lucro indebido y así generarle al Estado Nacional la obligación de pagar sumas de dinero por encima de los montos que en realidad hubieran correspondido para las obras viales que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Cruz»; expresó Ercolini en su escrito.

Y con relación a las maniobras mencionadas describió: “Ello sucedía en virtud de que en aquellos expedientes licitatorios -en los que los nombrados intervinieron- convergieron múltiples irregularidades tanto en la etapa de adjudicación (concurrencia múltiple de empresas de un mismo grupo, la designación de un mismo representante técnico para diferentes obras simultáneas, la utilización de la misma maquinaria, falta de certificado de capacidad de adjudicación, entre otras) como en su ejecución (ampliaciones de plazos y modificaciones de obra sin la debida justificación legal, entre otras), las cuales se dieron en contraposición a las funciones que estaban bajo la órbita de su respectivas responsabilidades, de acuerdo a las leyes provinciales n° 1673 y 2743, sus respectivos reglamentos y la estructura orgánica y organigrama de la AGVP».

Finalmente, Ercolini consideró que hay “instrumentos de convicción” para considerar acreditada la intervención de los distintos procesados en los “hechos disvaliosos” que conforman el objeto de la pesquisa, y que se habrían ejecutado “en el marco de un entramado delictivo”.

El entramado local

Sobre el rol de los funcionarios de Santa Cruz, ahora procesados, Ercolini consideró que los organismos locales de Santa Cruz cumplían un rol central en la implementación y articulación del esquema de corrupción investigado, al haber operado de manera coordinada con la estructura nacional.

“Esa estructura burocrática provincial -que operaba armónicamente en espejo junto con aquella montada a nivel nacional-, se nutrió de una serie de individuos (parte de los aquí imputados), para que, desde los puestos específicos que les tocó ocupar, pusieran a disposición su rol funcional ayudando -de forma activa u omisiva-, a su ejecución, desarrollo y permanencia”, aseveró el juez.

Según el magistrado, dentro de sus competencias en materia de obra pública vial, estas entidades provinciales habrían sido intencionalmente desnaturalizadas para habilitar una serie de irregularidades que permitieran el desvío de fondos del Tesoro Nacional. “Al margen de lo expresado, lo importante dentro de este segmento de análisis es dejar en claro que la actividad que les resultará penalmente reprochada a estos funcionarios santacruceños competentes en obra pública vial, es el haber actuado en contraposición a las normas que regían su actividad funcional con miras a permitir las irregularidades que tuvieron lugar a lo largo de los expedientes licitatorios de las obras viales en Santa Cruz, cuanto menos en lo que respecta a las etapas de licitación, pre adjudicación, adjudicación, ejecución y pago; e incluso la etapa de control”, describió el Juez.