La Corte Suprema de Justicia de la Nació hizo el primer movimiento en la causa por el direccionamiento de las obras públicas de Santa Cruz (conocida como causa Vialidad) por la cual Cristina Kirchner está condenada en segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según confirmaron fuentes Judiciales, este miércoles, la Corte trasladó el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal.

De este modo, el Procurador deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal, Mario Villar, que planteó ampliar a 12 años la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, por asociación ilícita y no solo por fraude.

Si bien lo que dictamine el Procurador sobre el caso “no es vinculante” – es decir, que la Corte puede sostener otro criterio – se trata de un primer paso en la última instancia judicial, sobre el expediente de alto impacto político e institucional. Es decir que se ha decidido avanzar rápidamente en este caso, y muy por el contrario a las versiones que mencionaban que los integrantes de la Corte no tenían intención en revisar la causa en un año electoral, nadie descarta que se podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, por irregularidades en el manejo de obras públicas.

Instancia definitoria

Puntualmente, Casal, como jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, deberá decidir si apoya el recurso de Villar, que reclamó que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años.

Hay que recordar que entre los 17 recursos de queja que debe resolver la Corte en esta causa con sus actuales jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también se encuentra el planteo presentado por la defensa de Cristina Kirchner, quien busca revertir la doble condena en su contra, impuesta por un Tribunal Oral 2 y confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación. Este recurso, presentado por su abogado Carlos Alberto Beraldi, constituye el último intento de la expresidenta para evitar que la sentencia quede firme y se active la pena de prisión, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Si la Corte Suprema decide rechazar el recurso de queja, la condena quedará firme. En ese escenario la ex presidenta, quien tiene más de 70 años, podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, una opción contemplada por la legislación. Sin embargo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría de inmediato.

Condena ampliada

El 31 de marzo pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Villar, le pidió a la Corte ampliar la condena contra la ex presidenta a 12 años de prisión porque entendió que también estaba probado que existió una asociación ilícita, además de administración fraudulenta.

En su escrito de 10 páginas, Vilar mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí, Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por ambos delitos, asociación ilícita y administración fraudulenta. Pero, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sólo por administración fraudulenta.

La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que acudió directamente al máximo tribunal con un recurso de queja. Cabe recordar que el fiscal r también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro.