Matilde Morales, vocal por el kirchnerismo en el Tribunal de Cuentas desde el año 2017, ostenta la jurisdicción para auditar el gasto de las empresas y sociedades del Estado y de los entes descentralizados, una responsabilidad que, a la luz de los hechos, genera serios interrogantes.
Es que la inacción de la funcionaria es alarmante. Morales dejó en un limbo expedientes cruciales, algunos con una década de antigüedad, lo que podría significar la imposibilidad de resarcir al erario por posibles irregularidades cometidas por quienes administraron el dinero de los ciudadanos. La negligencia en el control de las cuentas estatales alcanza así niveles inaceptables.
La magnitud del abandono de los expedientes resulta escalofriante. Documentos correspondientes a los ejercicios financieros de 2014, 2015 y 2016 permanecen inexplicablemente paralizados, revelando una alarmante falta de diligencia en la fiscalización del gasto de empresas, entes descentralizados y sociedades del Estado provincial.
Esta inoperancia ha permitido, durante años, que fondos pertenecientes a los santacruceños se gasten sin un control efectivo ni eficaz.
Resulta indignante constatar la flagrante inobservancia de las leyes y sus plazos por parte de funcionarios cuya responsabilidad primordial es, precisamente, velar por su cumplimiento, especialmente cuando se trata de la custodia de las arcas públicas.
Es en este contexto, que el 14 de mayo último Morales sometió a consideración del Cuerpo un proyecto de resolución referente a la auditoría realizada en 2014 en Comunicación Televisiva Santacruceña (Canal 9).
Nos encontramos ante una problemática mucho más profunda. El informe final del auditor para este expediente data de septiembre de 2015. Han transcurrido casi diez años de silencio administrativo, una década de inexplicables demoras que impiden la sanción oportuna de posibles irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.
Como bien se sabe, una justicia tardía es una justicia denegada, y en este escenario, la demora de casi una década torna ineficaz y prácticamente imposible cualquier intento de reparación al Estado Provincial.

La sombra de la impunidad

Pero la gravedad de la situación no se detiene allí. A pesar de las serias observaciones planteadas en el Informe de Auditoría – que incluyen la ausencia de documentación de gastos, la falta de facturas originales, contrataciones directas sin la debida comparación de presupuestos y diferencias inexplicables entre lo facturado y lo pagado- Morales propuso una aprobación parcial de la rendición de cuentas, acompañada de sanciones económicas irrisorias. Apenas $ 57.222,19 y $ 100.000 frente a un presupuesto auditado que superaba los $ 27 millones hace 11 años.
La inobservancia de la normativa vigente, por parte de la máxima autoridad del organismo, resulta particularmente preocupante. Hasta la entrada en vigor de la ley 3755 (Ley de Administración Financiera), la ley 500 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) contemplaba la aprobación tácita de las rendiciones de cuentas por el mero transcurso del tiempo (dos años, reducido a uno por la nueva ley referida). Esta situación plantea dudas e incertidumbre sobre la voluntad real de ejercer un control exhaustivo y oportuno.
En un voto disidente, que resuena con la urgencia del caso, Gabriela Castro, la presidenta del Tribunal de Cuentas enfatizó la necesidad de investigar a fondo la posible existencia de responsabilidad civil, e incluso de delitos, en la gestión de los fondos públicos, a pesar del tiempo transcurrido.
Subrayó además que la figura de la aprobación tácita, si bien otorga seguridad jurídica ante dilaciones ajenas al obligado, no exime al organismo de su obligación de actuar con celeridad y eficacia.
La Presidenta propuso la inmediata instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios encargados del impulso y control de los expedientes, que hoy yacen en un estado de abandono inaceptable.
La revelación de esta alarmante situación en el Tribunal de Cuentas exige una respuesta inmediata y contundente. La inacción prolongada no solo socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones de control, sino que también abre la puerta a la impunidad y a la pérdida irreparable de recursos públicos.
Es imperativo que se investiguen a fondo las responsabilidades de esta negligencia y se implementen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos que pertenecen a todos los santacruceños. La sombra de la impunidad no puede seguir extendiéndose sobre el manejo del dinero público.
Matilde Morales, vocal por el kirchnerismo en el Tribunal de Cuentas desde el año 2017, ostenta la jurisdicción para auditar el gasto de las empresas y sociedades del Estado y de los entes descentralizados, una responsabilidad que, a la luz de los hechos, genera serios interrogantes.
Es que la inacción de la funcionaria es alarmante. Morales dejó en un limbo expedientes cruciales, algunos con una década de antigüedad, lo que podría significar la imposibilidad de resarcir al erario por posibles irregularidades cometidas por quienes administraron el dinero de los ciudadanos. La negligencia en el control de las cuentas estatales alcanza así niveles inaceptables.
La magnitud del abandono de los expedientes resulta escalofriante. Documentos correspondientes a los ejercicios financieros de 2014, 2015 y 2016 permanecen inexplicablemente paralizados, revelando una alarmante falta de diligencia en la fiscalización del gasto de empresas, entes descentralizados y sociedades del Estado provincial.
Esta inoperancia ha permitido, durante años, que fondos pertenecientes a los santacruceños se gasten sin un control efectivo ni eficaz.
Resulta indignante constatar la flagrante inobservancia de las leyes y sus plazos por parte de funcionarios cuya responsabilidad primordial es, precisamente, velar por su cumplimiento, especialmente cuando se trata de la custodia de las arcas públicas.
Es en este contexto, que el 14 de mayo último Morales sometió a consideración del Cuerpo un proyecto de resolución referente a la auditoría realizada en 2014 en Comunicación Televisiva Santacruceña (Canal 9).
Nos encontramos ante una problemática mucho más profunda. El informe final del auditor para este expediente data de septiembre de 2015. Han transcurrido casi diez años de silencio administrativo, una década de inexplicables demoras que impiden la sanción oportuna de posibles irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.
Como bien se sabe, una justicia tardía es una justicia denegada, y en este escenario, la demora de casi una década torna ineficaz y prácticamente imposible cualquier intento de reparación al Estado Provincial.

La sombra de la impunidad

Pero la gravedad de la situación no se detiene allí. A pesar de las serias observaciones planteadas en el Informe de Auditoría – que incluyen la ausencia de documentación de gastos, la falta de facturas originales, contrataciones directas sin la debida comparación de presupuestos y diferencias inexplicables entre lo facturado y lo pagado- Morales propuso una aprobación parcial de la rendición de cuentas, acompañada de sanciones económicas irrisorias. Apenas $ 57.222,19 y $ 100.000 frente a un presupuesto auditado que superaba los $ 27 millones hace 11 años.
La inobservancia de la normativa vigente, por parte de la máxima autoridad del organismo, resulta particularmente preocupante. Hasta la entrada en vigor de la ley 3755 (Ley de Administración Financiera), la ley 500 (Orgánica del Tribunal de Cuentas) contemplaba la aprobación tácita de las rendiciones de cuentas por el mero transcurso del tiempo (dos años, reducido a uno por la nueva ley referida). Esta situación plantea dudas e incertidumbre sobre la voluntad real de ejercer un control exhaustivo y oportuno.
En un voto disidente, que resuena con la urgencia del caso, Gabriela Castro, la presidenta del Tribunal de Cuentas enfatizó la necesidad de investigar a fondo la posible existencia de responsabilidad civil, e incluso de delitos, en la gestión de los fondos públicos, a pesar del tiempo transcurrido.
Subrayó además que la figura de la aprobación tácita, si bien otorga seguridad jurídica ante dilaciones ajenas al obligado, no exime al organismo de su obligación de actuar con celeridad y eficacia.
La Presidenta propuso la inmediata instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios encargados del impulso y control de los expedientes, que hoy yacen en un estado de abandono inaceptable.
La revelación de esta alarmante situación en el Tribunal de Cuentas exige una respuesta inmediata y contundente. La inacción prolongada no solo socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones de control, sino que también abre la puerta a la impunidad y a la pérdida irreparable de recursos públicos.
Es imperativo que se investiguen a fondo las responsabilidades de esta negligencia y se implementen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos que pertenecen a todos los santacruceños. La sombra de la impunidad no puede seguir extendiéndose sobre el manejo del dinero público.